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¿Cómo afrontar las inhabilitaciones de los candidatos a las primarias venezolanas?
Caracas, (EFE).- Las discrepancias entre los candidatos a las primarias opositoras venezolanas, respecto a qué hacer frente a las inhabilitaciones de algunos aspirantes para ejercer cargos públicos de elección popular, ponen en jaque el proceso cuando faltan menos de dos meses para la celebración de los comicios internos. Los 13 políticos que aspiran a hacerse … Leer más
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Caracas, (EFE).- Las discrepancias entre los candidatos a las primarias opositoras venezolanas, respecto a qué hacer frente a las inhabilitaciones de algunos aspirantes para ejercer cargos públicos de elección popular, ponen en jaque el proceso cuando faltan menos de dos meses para la celebración de los comicios internos.
Los 13 políticos que aspiran a hacerse con la candidatura opositora para las presidenciales de 2024 saben que nada les impide competir en las primarias -fijadas para el 22 de octubre-, pero también son conocedores de que los que están inhabilitados no podrían presentarse a competir con el chavismo por la Presidencia.
Ante esta situación, algunos abogan por la retirada inmediata de quienes no podrán ir más allá de las internas, ya que, aún ganándolas, estarían fuera de juego para competir por la jefatura del Ejecutivo, que ahora ocupa Nicolás Maduro.
Hasta el momento, se conoce la inhabilitación de Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano, quienes, pese a la sanción, continúan en la carrera por la candidatura presidencial, con la esperanza de que haya un giro de gracia y les sean levantadas las sanciones.
No obstante, otros proponen su retirada o fijar una línea sucesoria, de tal modo que si el elegido es uno de los inhabilitados, pase el testigo al segundo, que debería ir para el tercero o siguientes, hasta llegar a uno que no cargue con la sanción que le impida aspirar a la Presidencia.
Luchar “hasta el final”, una opción
María Corina Machado, favorita en la contienda y sobre quien pesa una inhabilitación de 15 años, enarbola la bandera de ejercer “presión” para lograr que se cumpla la “voluntad del pueblo” y que el candidato opositor que se elija, sancionado o no, llegue a las presidenciales, algo que, a la fecha, es imposible.
Con su lema “hasta el final”, Machado ha dejado claro que la medida en su contra da un “componente de desafío” a la elección en la que ella participa para “hacer respetar el compromiso” expresado con votos.
La postura de Machado tiene el respaldo de candidatos como Ándres Velásquez, quien aseguró que ve con “preocupación” el planteamiento sobre una “sucesión”, y está de acuerdo con el establecimiento de una “estrategia para defender al candidato ganador, acompañarlo y defenderlo en su derecho a participar, aun estando inhabilitado”.
Por similar opción opta Ándres Caleca, quien aseguró a EFE que el deber de la oposición es respaldar “a fondo” a quien gane las primarias y “hacer toda la diligencia posible para lograr su destino” sin abandonar la ruta electoral.
En la misma dirección apunta César Pérez Vivas, quien señaló que, en caso de que triunfe un inhabilitado, su deber es “acompañarlo en el ejercicio de su derecho”, pues lo contrario sería caer en “chantajes del Gobierno”.
“Un líder, no un caudillo”
Otro grupo de aspirantes respalda la idea de establecer una línea sucesora para definir la candidatura presidencial, en caso de que gane uno de los inhabilitados o que quien resulte vencedor sea sancionado.
La propuesta, impulsada, entre otros, por la candidata Delsa Solórzano, se inspira en el ejemplo de Barinas en 2021, cuando Freddy Superlano ganó las elecciones a la Gobernación y no pudo asumir el cargo por una inhabilitación anunciada, por sorpresa, tras su victoria.
En la repetición de las elecciones, la oposición propuso la candidatura de varias personas que también fueron inhabilitadas, hasta que se optó por un dirigente admitido que venció al chavismo.
Solórzano ha insistido en “seguir ese ejemplo” para apostar por la elección de “un líder y no un caudillo”.
También el socialcristiano Roberto Enríquez cree que “hay que definir un protocolo” y que se deben preparar para proceder ante inhabilitaciones o procesos judiciales contra los comicios internos.
Fotografía de archivo donde se observa al precandidato opositor Carlos Prosperi en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrezz
La también candidata Tamara Adrián considera que si un inhabilitado resulta electo hay que “forzar”, de forma “pacífica” y “democrática”, su inscripción en las presidenciales, pero, en caso de no lograrlo, aboga por la sucesión, según explicó a EFE.
Los candidatos Luis Farias, Gloria Pinho o César Almeida dijeron a EFE estar en desacuerdo con las inhabilitaciones por considerarlas inconstitucionales, pero coinciden en que debe definirse un plan para garantizar una candidatura unitaria si estas sanciones no son revertidas.
Capriles, que busca su tercera candidatura presidencial pese a estar inhabilitado, ha reiterado que no dejará “sin una opción a los venezolanos” y que abogará por “una decisión conjunta” que permita elegir “en consenso” a un candidato, una opción que apoya Superlano.
Entretanto, la retirada es la opción del candidato Carlos Prosperi, quien aseveró que retiraría su nombre de las primarias de ser inhabilitado.
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Arévalo de León: “Estamos unidos en defensa de la democracia” en Guatemala
Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la … Leer más
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Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la democracia”.
“Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, declaró Arévalo de León rodeado de unas 5.000 personas, frente a la Corte Suprema de Justicia.
Arévalo de León, de 64 años, presentó un recurso ante el Supremo para revertir las acciones que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras y la cúpula de esta entidad, han emprendido contra el proceso electoral en el país centroamericano.
El presidente electo, que ganó el balotaje por la presidencia el pasado 20 de agosto, fue acompañado por el equipo jurídico de su partido, el Movimiento Semilla, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera.
En el recurso planteado por Arévalo de León se denuncia, además de a Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales y al juez penal Fredy Orellana, señalándolos de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.
Con esta acción, Arévalo de León pretende que los magistrados reviertan las acciones judiciales de la Fiscalía, incluido el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada y la destitución de Porras y los demás funcionarios implicados, en lo que él ha calificado como “un intento de golpe de Estado”, para evitar que tome el poder el próximo 14 de enero.
“En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo”, sentenció Arévalo de León.
Apoyado por pueblos indígenas
Mientras Arévalo de León entregaba el amparo en el Supremo, un grupo de autoridades indígenas de todas las regiones y pueblos mayas del país realizaron una ceremonia ancestral en la Plaza de los Derechos Humanos, en señal de respaldo a las autoridades electas.
Las autoridades indígenas, junto al cardenal Álvaro Ramazzini reconocieron al binomio electo y les recordaron que contarán con su apoyo durante “los meses de lucha por la democracia”.
En la mañana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió, desde Washington, a la fiscal Porras que deje de perseguir a Arévalo de León.
“Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”, manifestó frente al Consejo Permanente del organismo.
Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En medio de la polémica persecución penal, Arévalo de León y su equipo se encuentran realizando el protocolo de transición de mando con el actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien debe entregar el poder el próximo 14 de enero.
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Un tribuna argentino falla en contra de Cristina Fernández en dos casos resonantes
Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral. La … Leer más
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Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta dictado en noviembre de 2021 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 en la denominada causa Hotesur-Los Sauces.
Según el fallo al que tuvo acceso EFE, el máximo tribunal penal de Argentina ordenó que se cumpla con los procesos pendientes en esta causa, que estaba a punto de iniciar el juicio oral cuando Cristina Fernández, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, entre otros, fueron sobreseídos.
La cámara resolvió, sin embargo, rechazar el pedido de la Fiscalía para que fuera revocado el sobreseimiento de la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner.
En la denominada causa Hotesur-Los Sauces, que lleva el nombre de dos empresas relacionadas con la familia Kirchner, se investigaron supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero proveniente de la adjudicación de obras públicas.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en una imagen de archivo. EFE/ Prensa Cristina Fernández De Kirchner
Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero fue luego sobreseída en noviembre de 2021, antes del inicio del juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal decidió además este lunes apartar a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes en 2021 habían votado a favor del sobreseimiento de la vicepresidenta.
Memorando con Irán
En otro fallo también adverso para la expresidenta, el mismo tribunal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa por la que era investigada por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.
Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado en 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y por el que están acusados varios iraníes, pero la Justicia investigó si, en realidad, se había tratado de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.
La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza.
Fernández, junto a otros funcionarios de su Gobierno, fue procesada en esta causa por el presunto delito de encubrimiento y sobreseída en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal 8, antes del inicio del juicio oral, que ahora la Cámara de Casación Penal ordena que se lleve adelante.
El tribunal también decidió apartar del caso a los jueces del tribunal oral Daniel Horacio Obligado, José Antonio Michilini y Gabriela López Iniguez del trámite de este proceso.
Fernández, de 70 años y cuyo mandato como vicepresidenta concluye el próximo 10 de diciembre, fue condenada en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un juicio oral por administración fraudulenta y cuya sentencia fue apelada.
La vicepresidenta, quien sufrió un intento de asesinato en septiembre de 2022, durante la instancia final de aquel juicio oral, ha sostenido varias veces que es víctima de “lawfare” (hostigamiento judicial).
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Trudeau implica a las autoridades indias en un asesinato cometido en Canadá
Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij. “Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra … Leer más
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Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij.
“Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra soberanía”, dijo en la Cámara Baja del Parlamento canadiense.
El primer ministro añadió que Canadá “ha transmitido sus profundas preocupaciones a los más altos funcionarios de seguridad y del Gobierno indio” por el asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ocurrido en junio pasado en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una fotografía de archivo. EFE/ Mariscal
Singh Nijjar, tiroteado por desconocidos en el aparcamiento de un templo sij, había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias por abogar por la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.
Trudeau informó este lunes a los principales líderes políticos del país de las conclusiones de los servicio de inteligencia canadienses sobre la implicación de India en el asesinato y afirmó que durante la cumbre del G20, celebrada en la india el 9 y 10 de septiembre, exigió explicaciones a su homólogo indio, Narendra Modi.
“De la manera más enérgica posible, recomiendo al Gobierno de la India que colabore con Canadá para llegar al fondo de este asunto”, dijo el mandatario, que calificó de “extremadamente grave” lo sucedido.
El pasado 1 de septiembre, el Gobierno canadiense anunció la suspensión de las conversaciones con la India para la firma de un acuerdo de libre comercio, sin explicar las razones. Canadá también ha cancelado una misión comercial a la India que debería haberse efectuado en octubre.
En Canadá viven alrededor de 1,8 millones de personas de origen indio, de las que unas 770.000 son sij. El líder del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, el cuarto partido del Parlamento canadiense, es sij.
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