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¿Deberían los políticos retirarse a cierta edad?, un debate abierto en Estados Unidos
Por Paula Escalada Medrano | Washington (EFE).- Las imágenes del político republicano Mitch McConnell, de 81 años, paralizado en una rueda de prensa han puesto el foco sobre un término que domina la política en Estados Unidos, la gerontocracia, y han reavivado un debate: ¿debería haber una edad límite para poder gobernar? El último suceso … Leer más
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Por Paula Escalada Medrano |
Washington (EFE).- Las imágenes del político republicano Mitch McConnell, de 81 años, paralizado en una rueda de prensa han puesto el foco sobre un término que domina la política en Estados Unidos, la gerontocracia, y han reavivado un debate: ¿debería haber una edad límite para poder gobernar?
El último suceso protagonizado la semana pasada por el líder de la minoría republicana en el Senado ha levantado críticas en su propio partido y, según la prensa estadounidense, algunos senadores están pidiendo que se convoque una reunión urgente para hablar sobre su liderazgo.
Pero McConnell ha dejado claro en numerosas ocasiones que no abandonará su puesto antes de tiempo y no existe ningún mecanismo por el que puedan apartarlo.
Un día después de los incómodos momentos, el médico del Capitolio le daba la autorización para continuar con su agenda y achacaba lo sucedido a la deshidratación o a las consecuencias de un golpe.
El presidente no está exento
En un acto público, el presidente Joe Biden se apresuraba a aclarar que había hablado con él y que estaba en perfecto estado.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, en una fotografía de archivo. EFE/Shawn Thew
El primer presidente octogenario de la historia de Estados Unidos es señalado frecuentemente por su avanzada edad. Candidato casi único del Partido Demócrata a las presidenciales de 2024, cuando los estadounidenses acudan a las urnas tendrá casi 82 años.
Según datos del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, en enero de 2023 la edad media de los miembros de la Cámara de Representantes era de 57,9 años y la de los senadores de 64 años.
Los veteranos no son excepción
McConnell no es el mayor de los senadores, pues el puesto de honor lo tiene la demócrata Dianne Feinstein, con 90 años recién cumplidos. El republicano Charles E. Grassley tiene 89 y el que fuera precandidato a la presidencia Bernie Sanders casi 82.
En la Cámara Baja destacan Grace Napolitano con 86, seguida de Eleanor Holmes, Harold Rogers y Bill Pascrell, nacidos un año después.
Este 118 Congreso es el segundo más envejecido de la historia, ya que el anterior la media de edad era ligeramente superior.
La senadora del Partido Demócrata de EE.UU. Dianne Feinstein, en una fotografía de archivo. EFE/Tom Williams/Pool
Según explica a Efe el profesor de la universidad Penn State Kevin Munger, la envejecida clase política estadounidense se debe, primero, a la demografía, pues los gobernantes son parte de la generación de los baby boomers, nacidos tras la Segunda Guerra Mundial.
A esto se suma que en las campañas “el dinero juega un papel fundamental” y, puesto que muchos donantes “son mayores”, perpetúan que “las personas mayores tengan más peso político en nuestro sistema”, explica el autor del libro “Brecha generacional: por qué los baby boomers todavía dominan la política y la cultura estadounidenses”.
Sin límites de edad
Los únicos requisitos de edad para los políticos en Estados Unidos no han cambiado desde 1787, cuando se redactó la Constitución: un mínimo de 35 años para ser presidente, 25 para congresista de la Cámara de Representantes y 30 para senador.
No se dictó una edad máxima, en una época en la que la esperanza de vida promedio era de unos 34 años. Hoy está en 79 años y sigue sin existir una ley que ponga límites de edad máxima para gobernar.
¿Cambiarán las cosas en un futuro próximo? “Creo que no porque las personas que hoy tienen el poder no van a aprobar una ley que se lo quite”, explica Munger.
En su opinión, este es “un fenómeno temporal” e “histórico”. “Creo que dentro de 10 años comenzaremos a ver un cambio generacional bastante grande”, afirma.
Eleanor Holmes, representante en la Cámara Baja de EE.UU., en una fotografía de archivo. EFE/Andrew Harnik/Pool
Pero muchos estadounidenses lo quieren ya. Así lo mostraba una encuesta realizada por YouGov el año pasado: el 58 % de los estadounidenses creen que debería haber una edad máxima.
Según una encuesta publicada esta semana por el Centro de Investigación sobre Asuntos Públicos AP-NORC, el 77 % de los encuestados, republicanos y demócratas, piensan que Joe Biden es demasiado mayor para desempeñar efectivamente el cargo de presidente.
Y estos días han vuelto a sonar voces como la de Nikki Haley, precandidata republicana a la presidencia, quien recordaba en una entrevista con Fox News una de sus propuestas: que cualquier político mayor de 75 años tenga que someterse a pruebas de competencia mental.
“Ahora el Senado es el asilo de ancianos más privilegiado del país”, afirmaba.
No es país para jóvenes
Cansados de que el Gobierno “se maneje como una gerontocracia” y de que “la juventud tenga poco que decir”, en 2017 surgió la organización Run for Something, que ayuda a jóvenes a postularse a cargos políticos, cuenta a EFE Juan Ramiro Sarmiento, su secretario de prensa nacional.
Desde entonces, han respaldado a más de 2.500 candidatos y ganado más de 1.000 elecciones a cargos que van desde miembros de la junta escolar a legisladores estatales.
“La teoría es de que van a avanzar hacia cargos más altos. Varias de las personas que hemos respaldado ya están postulándose para el Congreso nacional”, afirma Sarmiento.
Les ofrecen asesoría, contactos y ayuda para recaudar fondos para sus campañas, con un requisito: ser menor de 40 años.
Tal y como está hoy diseñado el sistema, explica, hay “muchísimos obstáculos” para que los jóvenes se postulen a cargos políticos.
“Nuestra misión es cambiar la política estadounidense y construir las bases para una nueva generación de políticos que sí representen la diversidad de los estadounidenses”, reclama.
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Arévalo de León: “Estamos unidos en defensa de la democracia” en Guatemala
Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la … Leer más
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Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la democracia”.
“Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, declaró Arévalo de León rodeado de unas 5.000 personas, frente a la Corte Suprema de Justicia.
Arévalo de León, de 64 años, presentó un recurso ante el Supremo para revertir las acciones que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras y la cúpula de esta entidad, han emprendido contra el proceso electoral en el país centroamericano.
El presidente electo, que ganó el balotaje por la presidencia el pasado 20 de agosto, fue acompañado por el equipo jurídico de su partido, el Movimiento Semilla, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera.
En el recurso planteado por Arévalo de León se denuncia, además de a Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales y al juez penal Fredy Orellana, señalándolos de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.
Con esta acción, Arévalo de León pretende que los magistrados reviertan las acciones judiciales de la Fiscalía, incluido el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada y la destitución de Porras y los demás funcionarios implicados, en lo que él ha calificado como “un intento de golpe de Estado”, para evitar que tome el poder el próximo 14 de enero.
“En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo”, sentenció Arévalo de León.
Apoyado por pueblos indígenas
Mientras Arévalo de León entregaba el amparo en el Supremo, un grupo de autoridades indígenas de todas las regiones y pueblos mayas del país realizaron una ceremonia ancestral en la Plaza de los Derechos Humanos, en señal de respaldo a las autoridades electas.
Las autoridades indígenas, junto al cardenal Álvaro Ramazzini reconocieron al binomio electo y les recordaron que contarán con su apoyo durante “los meses de lucha por la democracia”.
En la mañana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió, desde Washington, a la fiscal Porras que deje de perseguir a Arévalo de León.
“Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”, manifestó frente al Consejo Permanente del organismo.
Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En medio de la polémica persecución penal, Arévalo de León y su equipo se encuentran realizando el protocolo de transición de mando con el actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien debe entregar el poder el próximo 14 de enero.
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Un tribuna argentino falla en contra de Cristina Fernández en dos casos resonantes
Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral. La … Leer más
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Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta dictado en noviembre de 2021 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 en la denominada causa Hotesur-Los Sauces.
Según el fallo al que tuvo acceso EFE, el máximo tribunal penal de Argentina ordenó que se cumpla con los procesos pendientes en esta causa, que estaba a punto de iniciar el juicio oral cuando Cristina Fernández, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, entre otros, fueron sobreseídos.
La cámara resolvió, sin embargo, rechazar el pedido de la Fiscalía para que fuera revocado el sobreseimiento de la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner.
En la denominada causa Hotesur-Los Sauces, que lleva el nombre de dos empresas relacionadas con la familia Kirchner, se investigaron supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero proveniente de la adjudicación de obras públicas.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en una imagen de archivo. EFE/ Prensa Cristina Fernández De Kirchner
Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero fue luego sobreseída en noviembre de 2021, antes del inicio del juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal decidió además este lunes apartar a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes en 2021 habían votado a favor del sobreseimiento de la vicepresidenta.
Memorando con Irán
En otro fallo también adverso para la expresidenta, el mismo tribunal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa por la que era investigada por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.
Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado en 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y por el que están acusados varios iraníes, pero la Justicia investigó si, en realidad, se había tratado de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.
La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza.
Fernández, junto a otros funcionarios de su Gobierno, fue procesada en esta causa por el presunto delito de encubrimiento y sobreseída en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal 8, antes del inicio del juicio oral, que ahora la Cámara de Casación Penal ordena que se lleve adelante.
El tribunal también decidió apartar del caso a los jueces del tribunal oral Daniel Horacio Obligado, José Antonio Michilini y Gabriela López Iniguez del trámite de este proceso.
Fernández, de 70 años y cuyo mandato como vicepresidenta concluye el próximo 10 de diciembre, fue condenada en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un juicio oral por administración fraudulenta y cuya sentencia fue apelada.
La vicepresidenta, quien sufrió un intento de asesinato en septiembre de 2022, durante la instancia final de aquel juicio oral, ha sostenido varias veces que es víctima de “lawfare” (hostigamiento judicial).
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Trudeau implica a las autoridades indias en un asesinato cometido en Canadá
Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij. “Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra … Leer más
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Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij.
“Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra soberanía”, dijo en la Cámara Baja del Parlamento canadiense.
El primer ministro añadió que Canadá “ha transmitido sus profundas preocupaciones a los más altos funcionarios de seguridad y del Gobierno indio” por el asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ocurrido en junio pasado en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una fotografía de archivo. EFE/ Mariscal
Singh Nijjar, tiroteado por desconocidos en el aparcamiento de un templo sij, había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias por abogar por la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.
Trudeau informó este lunes a los principales líderes políticos del país de las conclusiones de los servicio de inteligencia canadienses sobre la implicación de India en el asesinato y afirmó que durante la cumbre del G20, celebrada en la india el 9 y 10 de septiembre, exigió explicaciones a su homólogo indio, Narendra Modi.
“De la manera más enérgica posible, recomiendo al Gobierno de la India que colabore con Canadá para llegar al fondo de este asunto”, dijo el mandatario, que calificó de “extremadamente grave” lo sucedido.
El pasado 1 de septiembre, el Gobierno canadiense anunció la suspensión de las conversaciones con la India para la firma de un acuerdo de libre comercio, sin explicar las razones. Canadá también ha cancelado una misión comercial a la India que debería haberse efectuado en octubre.
En Canadá viven alrededor de 1,8 millones de personas de origen indio, de las que unas 770.000 son sij. El líder del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, el cuarto partido del Parlamento canadiense, es sij.
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