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Desclasificar documentos sobre el golpe de Pinochet: una deuda de Australia con Chile
Rocío Otoya | Sídney (Australia), 11 sep (EFE).- Al conmemorarse este lunes el 50 aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet, un grupo de activistas y académicos reavivó su petición para que Australia salde su deuda con Chile y desclasifique los documentos sobre el papel de Camberra en la caída del gobierno socialista de Salvador … Leer más
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Rocío Otoya |
Sídney (Australia), 11 sep (EFE).- Al conmemorarse este lunes el 50 aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet, un grupo de activistas y académicos reavivó su petición para que Australia salde su deuda con Chile y desclasifique los documentos sobre el papel de Camberra en la caída del gobierno socialista de Salvador Allende en 1973.
“El gobierno australiano es consciente que los ciudadanos nunca tolerarían actos tan despreciables, si supieran lo que traman estas agencias (de Inteligencia)”, dijo a EFE con motivo del aniversario, Clinton Fernandes, quien pidió en 2021 la desclasificación esos documentos ante un tribunal australiano.
La Justicia australiana se pronunció ese mismo año en favor de mantenerlos en secreto por motivos de seguridad nacional.
Este académico y exoficial de la inteligencia militar australiana consideró que la desclasificación de estos documentos secretos históricos no responde a la defensa “la seguridad nacional en ningún sentido significativo”, y se quejó de que “el secretismo (solo) protege a los responsables políticos del escrutinio democrático y la rendición de cuentas”.
Manifestación con motivo de los 50 años del golpe de estado contra el gobierno democrático de Salvador Allende, en inmediaciones del Palacio de la Moneda, en Santiago (Chile). EFE/ Javier Martín Rodríguez
¿Qué se sabe?
La desclasificación de los documentos realizados hasta la fecha por Washington y Camberra ha permitido conocer que durante el gobierno australiano del liberal Billy McMahon, el Servicio de Inteligencia Secreto de Australia (ASIS, siglas en inglés) estableció una oficina clandestina en Santiago de Chile en 1971, para dar apoyo a la CIA estadounidense.
La oficina del ASIS, que operó durante 18 meses cerró en julio de 1973, durante la gestión del laborista australiano Gough Whitlam, aunque se cree que al menos un agente se quedó en Chile después del golpe, algo que no terminan de confirmar los documentos desclasificados.
“Lo que se quiere saber son detalles de la mano sucia que se utilizó en derrocar a un gobierno”, explicó por su lado, Rodrigo Acuña, de origen chileno e impulsor de dos cartas enviadas en 2021 para exigir al gobierno australiano la desclasificación de los documentos.
Activistas chilenos ante un tribunal de justicia de Sidney, tras el juicio sobre la extradición a Chile de la exagente Adriana Rivas, en octubre de 2022. EFE/ Rocío Otoya
Casos que llegaron al Senado
Los activistas y académicos también exigen saber si Australia puso en riesgo la vida de algunos opositores al régimen militar que tramitaban su asilo político en el país oceánico, así como que se esclarezca la supuesta contratación de chilenos en la Embajada Australiana en Santiago vinculados a la policía secreta de Pinochet, entre otros asuntos.
“Existen acusaciones creíbles de que algunos chilenos que habían sido aceptados por Australia en el marco del programa humanitario especial fueron delatados a la policía secreta y asesinados por ella”, precisó Fernandes, autor del libro “Poder sub-imperial: Australia en la arena internacional”(2022).
Uno de estos supuestos casos es la ejecución el 19 de enero de 1985, en la ciudad de Quillota, a manos de la Policía secreta de dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria: los hermanos Marcelo y David Miño Logan, cuyos familiares tramitaban una solicitud de asilo a Australia.
El 7 de mayo de 1985 la senadora Alice Zhakarov le preguntó en la Cámara Alta al entonces ministro interino de Exteriores, el laborista Gareth Evans, si los nombres de estos hermanos habían sido proporcionados por personal de la Embajada de Australia en Santiago a la Policía chilena “sin la debida consideración de las posibles consecuencias”.
Pero Evans le respondió a su correligionaria que no “hay base para la alegación de que la información de la Embajada ayudó a las autoridades chilenas a localizar a los hermanos”, según una transcripción digital del Parlamento de Australia consultados por EFE.
Varias personas visitan el conocido con “Camarín de Mujeres”, lugar utilizado en la dictadura de Augusto Pinochet como celdas colectivas en el Estadio Nacional en Santiago (Chile). EFE/Elvis González
Posibles violadores de derechos humanos
Fernandes, también autor del libro “Poder sub-imperial: Australia en la arena internacional” (2022), también apuntó que la Embajada de Australia contrató a una mujer presuntamente vinculada a la Policía secreta chilena, aunque el que fuera ministro de Servicios Sociales, Don Grimes, aseguró el 11 de septiembre de 1985 que en esa legación diplomática no se había violado la seguridad.
Por otro lado, Fernandes también se preguntó si las autoridades australianas dieron “preferencia especial” a personas como, Adriana Rivas, exagente de Pinochet y cuya extradición está en manos de Australia para que sea juzgada en Chile por la desaparición de siete personas.
SBS, que realizó una investigación liderada por la periodista Florencia Melgar sobre la presencia de presuntos agentes de Pinochet en Australia y que dio con el paradero de Rivas, publicó en 2019 que ha identificado a tres de ellos, aunque no ha dado sus identidades.
Según Rodrigo Acuña, es “muy difícil” que la entrada de estos chilenos sea casual, ya que el trabajo de los servicios de Inteligencia es saber “quiénes son los espías de los enemigos y los espías de los amigos”.
EFE contactó al Ministerio de Exteriores de Australia para obtener la versión oficial, aunque hasta el momento no se ha pronunciado.
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Arévalo de León: “Estamos unidos en defensa de la democracia” en Guatemala
Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la … Leer más
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Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la democracia”.
“Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, declaró Arévalo de León rodeado de unas 5.000 personas, frente a la Corte Suprema de Justicia.
Arévalo de León, de 64 años, presentó un recurso ante el Supremo para revertir las acciones que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras y la cúpula de esta entidad, han emprendido contra el proceso electoral en el país centroamericano.
El presidente electo, que ganó el balotaje por la presidencia el pasado 20 de agosto, fue acompañado por el equipo jurídico de su partido, el Movimiento Semilla, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera.
En el recurso planteado por Arévalo de León se denuncia, además de a Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales y al juez penal Fredy Orellana, señalándolos de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.
Con esta acción, Arévalo de León pretende que los magistrados reviertan las acciones judiciales de la Fiscalía, incluido el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada y la destitución de Porras y los demás funcionarios implicados, en lo que él ha calificado como “un intento de golpe de Estado”, para evitar que tome el poder el próximo 14 de enero.
“En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo”, sentenció Arévalo de León.
Apoyado por pueblos indígenas
Mientras Arévalo de León entregaba el amparo en el Supremo, un grupo de autoridades indígenas de todas las regiones y pueblos mayas del país realizaron una ceremonia ancestral en la Plaza de los Derechos Humanos, en señal de respaldo a las autoridades electas.
Las autoridades indígenas, junto al cardenal Álvaro Ramazzini reconocieron al binomio electo y les recordaron que contarán con su apoyo durante “los meses de lucha por la democracia”.
En la mañana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió, desde Washington, a la fiscal Porras que deje de perseguir a Arévalo de León.
“Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”, manifestó frente al Consejo Permanente del organismo.
Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En medio de la polémica persecución penal, Arévalo de León y su equipo se encuentran realizando el protocolo de transición de mando con el actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien debe entregar el poder el próximo 14 de enero.
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Un tribuna argentino falla en contra de Cristina Fernández en dos casos resonantes
Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral. La … Leer más
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Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta dictado en noviembre de 2021 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 en la denominada causa Hotesur-Los Sauces.
Según el fallo al que tuvo acceso EFE, el máximo tribunal penal de Argentina ordenó que se cumpla con los procesos pendientes en esta causa, que estaba a punto de iniciar el juicio oral cuando Cristina Fernández, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, entre otros, fueron sobreseídos.
La cámara resolvió, sin embargo, rechazar el pedido de la Fiscalía para que fuera revocado el sobreseimiento de la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner.
En la denominada causa Hotesur-Los Sauces, que lleva el nombre de dos empresas relacionadas con la familia Kirchner, se investigaron supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero proveniente de la adjudicación de obras públicas.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en una imagen de archivo. EFE/ Prensa Cristina Fernández De Kirchner
Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero fue luego sobreseída en noviembre de 2021, antes del inicio del juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal decidió además este lunes apartar a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes en 2021 habían votado a favor del sobreseimiento de la vicepresidenta.
Memorando con Irán
En otro fallo también adverso para la expresidenta, el mismo tribunal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa por la que era investigada por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.
Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado en 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y por el que están acusados varios iraníes, pero la Justicia investigó si, en realidad, se había tratado de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.
La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza.
Fernández, junto a otros funcionarios de su Gobierno, fue procesada en esta causa por el presunto delito de encubrimiento y sobreseída en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal 8, antes del inicio del juicio oral, que ahora la Cámara de Casación Penal ordena que se lleve adelante.
El tribunal también decidió apartar del caso a los jueces del tribunal oral Daniel Horacio Obligado, José Antonio Michilini y Gabriela López Iniguez del trámite de este proceso.
Fernández, de 70 años y cuyo mandato como vicepresidenta concluye el próximo 10 de diciembre, fue condenada en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un juicio oral por administración fraudulenta y cuya sentencia fue apelada.
La vicepresidenta, quien sufrió un intento de asesinato en septiembre de 2022, durante la instancia final de aquel juicio oral, ha sostenido varias veces que es víctima de “lawfare” (hostigamiento judicial).
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Trudeau implica a las autoridades indias en un asesinato cometido en Canadá
Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij. “Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra … Leer más
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Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij.
“Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra soberanía”, dijo en la Cámara Baja del Parlamento canadiense.
El primer ministro añadió que Canadá “ha transmitido sus profundas preocupaciones a los más altos funcionarios de seguridad y del Gobierno indio” por el asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ocurrido en junio pasado en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una fotografía de archivo. EFE/ Mariscal
Singh Nijjar, tiroteado por desconocidos en el aparcamiento de un templo sij, había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias por abogar por la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.
Trudeau informó este lunes a los principales líderes políticos del país de las conclusiones de los servicio de inteligencia canadienses sobre la implicación de India en el asesinato y afirmó que durante la cumbre del G20, celebrada en la india el 9 y 10 de septiembre, exigió explicaciones a su homólogo indio, Narendra Modi.
“De la manera más enérgica posible, recomiendo al Gobierno de la India que colabore con Canadá para llegar al fondo de este asunto”, dijo el mandatario, que calificó de “extremadamente grave” lo sucedido.
El pasado 1 de septiembre, el Gobierno canadiense anunció la suspensión de las conversaciones con la India para la firma de un acuerdo de libre comercio, sin explicar las razones. Canadá también ha cancelado una misión comercial a la India que debería haberse efectuado en octubre.
En Canadá viven alrededor de 1,8 millones de personas de origen indio, de las que unas 770.000 son sij. El líder del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, el cuarto partido del Parlamento canadiense, es sij.
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