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EE.UU. busca ampliar a más países de Latinoamérica su plan para facilitar la migración legal
Por Beatriz Pascual Macías | Washington (EFE).- El Gobierno estadounidense está intentando ampliar a más países de Latinoamérica el programa “Movilidad Segura”, ya activo en Colombia, Costa Rica y Guatemala, y cuyo objetivo es ofrecer vías legales a los migrantes y refugiados que anhelan llegar a Estados Unidos. Así lo reveló a EFE en una … Leer más
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Por Beatriz Pascual Macías |
Washington (EFE).- El Gobierno estadounidense está intentando ampliar a más países de Latinoamérica el programa “Movilidad Segura”, ya activo en Colombia, Costa Rica y Guatemala, y cuyo objetivo es ofrecer vías legales a los migrantes y refugiados que anhelan llegar a Estados Unidos.
Así lo reveló a EFE en una entrevista Katie Tobin, asesora principal para migración en la Casa Blanca, y quien el pasado martes estuvo sentada junto al presidente estadounidense, Joe Biden, en una reunión que mantuvo en el Despacho Oval con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves.
Las llamadas oficinas de “Movilidad Segura” pueden ser un “modelo” para otros países, en su opinión, y EE.UU. tiene la intención de expandir ese programa por el continente.
“Esperamos que otros países den un paso adelante y también accedan a albergar estas oficinas de movilidad segura o que acepten casos de ellas. Necesitamos realmente que todos los países jueguen un papel en esto”, manifestó la asesora de Biden.
Tobin no reveló en qué países podrían abrirse las próximas oficinas de “Movilidad Segura”, pero aseguró que hay conversaciones “en curso” con otros socios que se están desarrollando en el marco de la Declaración de Los Ángeles, con la que 21 naciones se comprometieron a mejorar la gestión de la migración en la región.
La prioridad de Biden, explicó, es expandir las vías para que los migrantes y refugiados puedan trasladarse legalmente a Estados Unidos y no tengan que emprender por su cuenta el peligroso viaje al norte.
38.000 personas ya han aplicado al programa
Desde que las oficinas empezaron a operar en junio en Colombia, Costa Rica y Guatemala, más de 38.000 personas han presentado sus solicitudes a través de la web movilidadsegura.org, indicó a EFE un portavoz del Departamento de Estado.
Sin embargo, a fecha del 28 de agosto, de esos 38.000 individuos solo 2.100 han podido iniciar los trámites para pedir asilo en Estados Unidos, es decir, un 5,5 % de todos los solicitantes.
La asesora principal para migración en la Casa Blanca, Katie Tobin, habla durante una entrevista con EFE, hoy, en la Casa Blanca, en Washington (Estados Unidos). EFE/Octavio Guzmán
Además de Estados Unidos, los migrantes y refugiados tienen la opción de ir a España y Canadá, que se han comprometido a acoger a algunos solicitantes de asilo.
El programa “Movilidad Segura” busca ayudar a los migrantes y refugiados que han ido llegando en mayores números a Estados Unidos en los últimos meses y que suelen ser originarios de Venezuela, Cuba o Haití.
En concreto, la oficina de Colombia permite solicitudes de cubanos, haitianos y venezolanos, mientras que Costa Rica atiende a venezolanos y nicaragüenses y Guatemala presta atención a sus propios nacionales, que durante años han huido a EE.UU. ante la violencia y falta de oportunidades en su país.
Programas piloto en migración
Las oficinas en Colombia, Costa Rica y Guatemala están operando como parte de un programa piloto de seis meses, que está en periodo de prueba y podría hacerse permanente.
Tobin no dio pistas sobre si EE.UU. planea prorrogar ese programa y se limitó a decir que, de momento, el Ejecutivo está evaluando su funcionamiento junto a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que colaboran con su implementación.
“Lo estamos probando, viendo cómo funciona. Estamos solucionando todos los problemas y trabajando no solo con Gobiernos, sino también con actores humanitarios. Por eso, queremos ver cómo funciona el programa piloto. Ojalá sea un éxito y luego podamos expandirlo”, dijo.
Aparte de las oficinas de “Movilidad Segura”, el Gobierno de Biden ha tomado otras medidas para fomentar la migración legal y evitar que miles de personas crucen a pie la frontera con México en busca de asilo o mejores oportunidades económicas, lo cual ha ejercido una gran presión sobre los recursos de algunas comunidades fronterizas.
Uno de los programas permite a los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela solicitar un permiso humanitario para entrar a Estados Unidos, pero solo califican quienes llegan en avión a territorio estadounidense y tienen un contacto que pueda probar que les ayudará en su adaptación al país.
Además, el Ejecutivo ha desarrollado la aplicación móvil “CBP One”, que permite a quienes están en México concertar citas con las autoridades estadounidenses para presentar sus casos de asilo. Esa aplicación solo ofrece 1.250 citas diarias, lo que significa que los espacios disponibles se llenan rápidamente.
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Arévalo de León: “Estamos unidos en defensa de la democracia” en Guatemala
Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la … Leer más
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Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la democracia”.
“Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, declaró Arévalo de León rodeado de unas 5.000 personas, frente a la Corte Suprema de Justicia.
Arévalo de León, de 64 años, presentó un recurso ante el Supremo para revertir las acciones que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras y la cúpula de esta entidad, han emprendido contra el proceso electoral en el país centroamericano.
El presidente electo, que ganó el balotaje por la presidencia el pasado 20 de agosto, fue acompañado por el equipo jurídico de su partido, el Movimiento Semilla, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera.
En el recurso planteado por Arévalo de León se denuncia, además de a Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales y al juez penal Fredy Orellana, señalándolos de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.
Con esta acción, Arévalo de León pretende que los magistrados reviertan las acciones judiciales de la Fiscalía, incluido el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada y la destitución de Porras y los demás funcionarios implicados, en lo que él ha calificado como “un intento de golpe de Estado”, para evitar que tome el poder el próximo 14 de enero.
“En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo”, sentenció Arévalo de León.
Apoyado por pueblos indígenas
Mientras Arévalo de León entregaba el amparo en el Supremo, un grupo de autoridades indígenas de todas las regiones y pueblos mayas del país realizaron una ceremonia ancestral en la Plaza de los Derechos Humanos, en señal de respaldo a las autoridades electas.
Las autoridades indígenas, junto al cardenal Álvaro Ramazzini reconocieron al binomio electo y les recordaron que contarán con su apoyo durante “los meses de lucha por la democracia”.
En la mañana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió, desde Washington, a la fiscal Porras que deje de perseguir a Arévalo de León.
“Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”, manifestó frente al Consejo Permanente del organismo.
Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En medio de la polémica persecución penal, Arévalo de León y su equipo se encuentran realizando el protocolo de transición de mando con el actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien debe entregar el poder el próximo 14 de enero.
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Un tribuna argentino falla en contra de Cristina Fernández en dos casos resonantes
Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral. La … Leer más
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Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta dictado en noviembre de 2021 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 en la denominada causa Hotesur-Los Sauces.
Según el fallo al que tuvo acceso EFE, el máximo tribunal penal de Argentina ordenó que se cumpla con los procesos pendientes en esta causa, que estaba a punto de iniciar el juicio oral cuando Cristina Fernández, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, entre otros, fueron sobreseídos.
La cámara resolvió, sin embargo, rechazar el pedido de la Fiscalía para que fuera revocado el sobreseimiento de la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner.
En la denominada causa Hotesur-Los Sauces, que lleva el nombre de dos empresas relacionadas con la familia Kirchner, se investigaron supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero proveniente de la adjudicación de obras públicas.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en una imagen de archivo. EFE/ Prensa Cristina Fernández De Kirchner
Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero fue luego sobreseída en noviembre de 2021, antes del inicio del juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal decidió además este lunes apartar a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes en 2021 habían votado a favor del sobreseimiento de la vicepresidenta.
Memorando con Irán
En otro fallo también adverso para la expresidenta, el mismo tribunal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa por la que era investigada por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.
Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado en 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y por el que están acusados varios iraníes, pero la Justicia investigó si, en realidad, se había tratado de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.
La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza.
Fernández, junto a otros funcionarios de su Gobierno, fue procesada en esta causa por el presunto delito de encubrimiento y sobreseída en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal 8, antes del inicio del juicio oral, que ahora la Cámara de Casación Penal ordena que se lleve adelante.
El tribunal también decidió apartar del caso a los jueces del tribunal oral Daniel Horacio Obligado, José Antonio Michilini y Gabriela López Iniguez del trámite de este proceso.
Fernández, de 70 años y cuyo mandato como vicepresidenta concluye el próximo 10 de diciembre, fue condenada en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un juicio oral por administración fraudulenta y cuya sentencia fue apelada.
La vicepresidenta, quien sufrió un intento de asesinato en septiembre de 2022, durante la instancia final de aquel juicio oral, ha sostenido varias veces que es víctima de “lawfare” (hostigamiento judicial).
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Trudeau implica a las autoridades indias en un asesinato cometido en Canadá
Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij. “Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra … Leer más
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Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij.
“Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra soberanía”, dijo en la Cámara Baja del Parlamento canadiense.
El primer ministro añadió que Canadá “ha transmitido sus profundas preocupaciones a los más altos funcionarios de seguridad y del Gobierno indio” por el asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ocurrido en junio pasado en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una fotografía de archivo. EFE/ Mariscal
Singh Nijjar, tiroteado por desconocidos en el aparcamiento de un templo sij, había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias por abogar por la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.
Trudeau informó este lunes a los principales líderes políticos del país de las conclusiones de los servicio de inteligencia canadienses sobre la implicación de India en el asesinato y afirmó que durante la cumbre del G20, celebrada en la india el 9 y 10 de septiembre, exigió explicaciones a su homólogo indio, Narendra Modi.
“De la manera más enérgica posible, recomiendo al Gobierno de la India que colabore con Canadá para llegar al fondo de este asunto”, dijo el mandatario, que calificó de “extremadamente grave” lo sucedido.
El pasado 1 de septiembre, el Gobierno canadiense anunció la suspensión de las conversaciones con la India para la firma de un acuerdo de libre comercio, sin explicar las razones. Canadá también ha cancelado una misión comercial a la India que debería haberse efectuado en octubre.
En Canadá viven alrededor de 1,8 millones de personas de origen indio, de las que unas 770.000 son sij. El líder del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, el cuarto partido del Parlamento canadiense, es sij.
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