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El Partido Comunista de Venezuela se enfrenta a su “ilegalización” con “la moral en alto”
Por Génesis Carrero Soto | Caracas (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) vive la cuarta “ilegalización” de su historia desde su fundación hace 92 años -dos en dictaduras, una tras optar por la lucha armada y la última este agosto, con un Gobierno socialista-, luego de que el Supremo ordenara una intervención, que sus … Leer más
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Por Génesis Carrero Soto |
Caracas (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) vive la cuarta “ilegalización” de su historia desde su fundación hace 92 años -dos en dictaduras, una tras optar por la lucha armada y la última este agosto, con un Gobierno socialista-, luego de que el Supremo ordenara una intervención, que sus miembros -aseguran- afrontan con “la moral en alto”.
El PCV nació en la ilegalidad y vivió episodios de clandestinidad durante los Gobiernos militaristas de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), y del socialdemócrata Rómulo Betancourt (1945-1948), cuando pasó a ser una guerrilla.
El 11 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un amparo constitucional, introducido en julio por supuestos miembros del propio PCV, que despoja a la dirección tradicional de sus siglas y tarjeta electoral, y nombra una “junta directiva ad hoc” para organizar “procesos democráticos internos”.
Las “aberraciones” de la sentencia
Yul Jabour, miembro de la dirección tradicional del PCV, dijo a EFE que esta acción es una “judicialización”, como ocurrió “en dictaduras militares o en “seudodemocarcias”, lo que el buró político del comité central de la formación considera una “aberración jurídica” con errores “inexcusables” y marca un “gravísimo precedente para la historia”.
Explicó que el TSJ justifica la decisión con que “no se ha celebrado el correspondiente congreso de la organización”, lo que -aseguró Jabour- “es falso”, ya que la hubo cónclave en 2017 y en 2022, cuando se eligieron a los 62 miembros actuales del comité central, quienes ratificaron, por sexta vez, a Óscar Figuera en la Secretaría General.
Además, negó que quienes introdujeron el amparo sean “militantes” del PCV, como los identifica la sentencia, sino que varios de ellos “son activistas de otras organizaciones políticas”, y precisó que solo dos de los que figuran en la “junta ad hoc” impuesta fueron miembros del partido, excluidos desde hace varios años por no cumplir con sus obligaciones estatutarias.
“Nadie puede alegar un derecho en una organización a la cual no pertenece”, subrayó Jabour.
Yul Jabour, miembro de la dirección tradicional del Partido Comunista de Venezuela (PCV), durante una entrevista con EFE, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez
Ante esta “aberración”, el PCV presentó un “escrito de defensa” ante el TSJ, en el que señaló que este amparo contraviene la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por haber sido introducido el 10 de julio, más seis meses después del último congreso del partido.
Contraria a la Constitución
Asimismo, destacó que la sentencia que ordena su intervención también es inconstitucional por no considerar el derecho a la reelección indefinida, establecido en la ley venezolana.
“En una parte de la sentencia, se dice que, para garantizar el principio de alternabilidad, los que se elijan para un cargo en las organizaciones políticas tienen que estar por un tiempo determinado, y eso viola un principio de la Constitución que se adoptó en la reforma constitucional (…) a cualquier cargo de reelección popular se puede optar (…) tantas veces el pueblo quiera”, destacó.
Registro general de la sede del Partido Comunista de Venezuela (PCV), en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez
Por su parte, la ONG Acceso a la justicia recordó que la medida contra el PCV también se la impusieron en años anteriores a “más de una docena de formaciones”, tanto opositoras -como Acción Democrática, Primero Justicia y Copei- como tradicionales de izquierda, como Bandera Roja o Patria Para Todos.
Según la organización, esta “parece ser una estrategia por confeccionar no solo una oposición a la medida, sino por silenciar toda disidencia dentro de sus propias filas”.
El PCV, “una escuela”
Isaac López, historiador dedicado al estudio de la lucha armada en América Latina y de la izquierda marxista venezolana, dijo a EFE que la importancia del PCV radica en que es “una de las instancias de transición política de la Venezuela moderna”.
“Eso ha sido el Partido Comunista en su historia, una escuela de formación ideológica política, una escuela de cuadros que es lo que los partidos han perdido en la contemporaneidad venezolana”, reiteró.
Recordó que el PCV se alejó en los últimos años de la política del Gobierno actual, y que, pese a las denuncias de acoso a la organización, mantiene los preceptos de que “en el proletariado está la base de la formación de la sociedad”, por lo que continúa reclamando aumentos salariales dignos y los derechos de los trabajadores.
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Arévalo de León: “Estamos unidos en defensa de la democracia” en Guatemala
Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la … Leer más
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Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la democracia”.
“Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, declaró Arévalo de León rodeado de unas 5.000 personas, frente a la Corte Suprema de Justicia.
Arévalo de León, de 64 años, presentó un recurso ante el Supremo para revertir las acciones que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras y la cúpula de esta entidad, han emprendido contra el proceso electoral en el país centroamericano.
El presidente electo, que ganó el balotaje por la presidencia el pasado 20 de agosto, fue acompañado por el equipo jurídico de su partido, el Movimiento Semilla, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera.
En el recurso planteado por Arévalo de León se denuncia, además de a Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales y al juez penal Fredy Orellana, señalándolos de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.
Con esta acción, Arévalo de León pretende que los magistrados reviertan las acciones judiciales de la Fiscalía, incluido el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada y la destitución de Porras y los demás funcionarios implicados, en lo que él ha calificado como “un intento de golpe de Estado”, para evitar que tome el poder el próximo 14 de enero.
“En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo”, sentenció Arévalo de León.
Apoyado por pueblos indígenas
Mientras Arévalo de León entregaba el amparo en el Supremo, un grupo de autoridades indígenas de todas las regiones y pueblos mayas del país realizaron una ceremonia ancestral en la Plaza de los Derechos Humanos, en señal de respaldo a las autoridades electas.
Las autoridades indígenas, junto al cardenal Álvaro Ramazzini reconocieron al binomio electo y les recordaron que contarán con su apoyo durante “los meses de lucha por la democracia”.
En la mañana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió, desde Washington, a la fiscal Porras que deje de perseguir a Arévalo de León.
“Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”, manifestó frente al Consejo Permanente del organismo.
Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En medio de la polémica persecución penal, Arévalo de León y su equipo se encuentran realizando el protocolo de transición de mando con el actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien debe entregar el poder el próximo 14 de enero.
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Un tribuna argentino falla en contra de Cristina Fernández en dos casos resonantes
Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral. La … Leer más
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Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta dictado en noviembre de 2021 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 en la denominada causa Hotesur-Los Sauces.
Según el fallo al que tuvo acceso EFE, el máximo tribunal penal de Argentina ordenó que se cumpla con los procesos pendientes en esta causa, que estaba a punto de iniciar el juicio oral cuando Cristina Fernández, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, entre otros, fueron sobreseídos.
La cámara resolvió, sin embargo, rechazar el pedido de la Fiscalía para que fuera revocado el sobreseimiento de la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner.
En la denominada causa Hotesur-Los Sauces, que lleva el nombre de dos empresas relacionadas con la familia Kirchner, se investigaron supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero proveniente de la adjudicación de obras públicas.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en una imagen de archivo. EFE/ Prensa Cristina Fernández De Kirchner
Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero fue luego sobreseída en noviembre de 2021, antes del inicio del juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal decidió además este lunes apartar a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes en 2021 habían votado a favor del sobreseimiento de la vicepresidenta.
Memorando con Irán
En otro fallo también adverso para la expresidenta, el mismo tribunal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa por la que era investigada por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.
Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado en 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y por el que están acusados varios iraníes, pero la Justicia investigó si, en realidad, se había tratado de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.
La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza.
Fernández, junto a otros funcionarios de su Gobierno, fue procesada en esta causa por el presunto delito de encubrimiento y sobreseída en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal 8, antes del inicio del juicio oral, que ahora la Cámara de Casación Penal ordena que se lleve adelante.
El tribunal también decidió apartar del caso a los jueces del tribunal oral Daniel Horacio Obligado, José Antonio Michilini y Gabriela López Iniguez del trámite de este proceso.
Fernández, de 70 años y cuyo mandato como vicepresidenta concluye el próximo 10 de diciembre, fue condenada en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un juicio oral por administración fraudulenta y cuya sentencia fue apelada.
La vicepresidenta, quien sufrió un intento de asesinato en septiembre de 2022, durante la instancia final de aquel juicio oral, ha sostenido varias veces que es víctima de “lawfare” (hostigamiento judicial).
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Trudeau implica a las autoridades indias en un asesinato cometido en Canadá
Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij. “Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra … Leer más
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Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij.
“Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra soberanía”, dijo en la Cámara Baja del Parlamento canadiense.
El primer ministro añadió que Canadá “ha transmitido sus profundas preocupaciones a los más altos funcionarios de seguridad y del Gobierno indio” por el asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ocurrido en junio pasado en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una fotografía de archivo. EFE/ Mariscal
Singh Nijjar, tiroteado por desconocidos en el aparcamiento de un templo sij, había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias por abogar por la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.
Trudeau informó este lunes a los principales líderes políticos del país de las conclusiones de los servicio de inteligencia canadienses sobre la implicación de India en el asesinato y afirmó que durante la cumbre del G20, celebrada en la india el 9 y 10 de septiembre, exigió explicaciones a su homólogo indio, Narendra Modi.
“De la manera más enérgica posible, recomiendo al Gobierno de la India que colabore con Canadá para llegar al fondo de este asunto”, dijo el mandatario, que calificó de “extremadamente grave” lo sucedido.
El pasado 1 de septiembre, el Gobierno canadiense anunció la suspensión de las conversaciones con la India para la firma de un acuerdo de libre comercio, sin explicar las razones. Canadá también ha cancelado una misión comercial a la India que debería haberse efectuado en octubre.
En Canadá viven alrededor de 1,8 millones de personas de origen indio, de las que unas 770.000 son sij. El líder del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, el cuarto partido del Parlamento canadiense, es sij.
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La India expulsa a un diplomático de Canadá tras las acusaciones de asesinato de un líder sij
