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Familiares de víctimas españolas de la dictadura chilena: “No concibo que esté muerta”
Por Meritxell Freixas y Elvira Osorio Seco | Santiago de Chile (EFE).- Familiares de los seis ciudadanos españoles asesinados o hechos desaparecer en Chile a manos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) siguen esperando justicia casi medio siglo después de las primeras denuncias presentadas ante los tribunales. Los casos de la militante socialista Michelle Peña, embarazada … Leer más
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Por Meritxell Freixas y Elvira Osorio Seco |
Santiago de Chile (EFE).- Familiares de los seis ciudadanos españoles asesinados o hechos desaparecer en Chile a manos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) siguen esperando justicia casi medio siglo después de las primeras denuncias presentadas ante los tribunales.
Los casos de la militante socialista Michelle Peña, embarazada de ocho meses; el diplomático Carmelo Soria; y los curas Joan Alsina y Antoni Llidó fueron denunciados por abogados y fiscales en España a mediados de los 90 y se convirtieron en piezas fundamentales para la persecución internacional contra el dictador unos años después.
Escultura en homenaje a estudiantes, funcionarios y académicos de la Universidad Técnica del Estado, todos víctimas de la represión militar, en Santiago (Chile). EFE/Elvis González
A esa lista también se suman el integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Enrique López Olmedo y Antonio Elizondo Ormaechea, ingeniero y miembro del izquierdista Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), detenido junto a su pareja que estaba embarazada de cuatro meses.
Los seis nombres aparecieron en la orden de detención emitida en 1998 por el juez español Baltasar Garzón para solicitar la detención de Pinochet.
“Pasamos medio siglo buscando”
“Pasamos medio siglo buscando, pero no hay ni verdad ni justicia”, expresa a EFE Patricia Arbarzúa, amiga de infancia y de clandestinidad de Michelle Peña.
Detenida en su casa en junio de 1975 por agentes de la Inteligencia chilena, Peña era una estudiante de 27 años, procedía de una familia republicana exiliada e integraba la cúpula del Partido Socialista en la clandestinidad.
Su hermana Gabriela apenas tenía 10 años cuando le comunicaron la noticia: “La gorda está desaparecida”. Ella, que no entendía qué significaba eso, pensó que en algún momento “volvería a aparecer”.
Patricia Arbarzúa, amiga de infancia y de clandestinidad de Michelle Peña Herreros, habla durante una entrevista con EFE. EFE/Elvis González
“Me costó mucho aceptar qué implicaba la desaparición, fui averiguándolo sola”, dice a EFE al recordar cuando, cada día con su madre, hacían una “cola enorme” en la Fiscalía Militar para preguntar por su hermana.
A la espera de la sentencia definitiva del Supremo chileno, Arbazúa asegura contundente. “No concibo que Michelle y su hijo o hija estén muertos, simplemente por una razón de principios”.
“Quiero verte para darte el perdón”
“Si algo malo me ocurriera, quiero que tengan claro que mi compromiso con esto ha sido libremente contraído (…) es lo que me corresponde hacer”. El cura valenciano Antonio Llidó escribió este fragmento en su última carta enviada desde la clandestinidad a su familia en septiembre de 1974.
“Respetamos su decisión de permanecer en Chile a pesar del golpe porque sabíamos que se comprometía mucho con todo y siempre nos había dicho que no dejaría a la gente abandonada allá”, dice a EFE desde España su única hermana, Josefina Llidó.
Vista del Memorial de Detenidos Desaparecidos en la sede del Partido Socialista (PS) de Chile, en Santiago (Chile). EFE/Elvis González
Un mes después de la última misiva, fue detenido, torturado y trasladado a distintos recintos hasta perderle la pista. El 2010 la Suprema chilena emitió la sentencia definitiva que redujo a cinco años de prisión la pena contra cuatro exmilitares. “Después de muchos años de negarlo, lo más importante fue reconocer que lo habían detenido”, señala su hermana.
Llidó es el único sacerdote detenido-desaparecido de los seis que la dictadura asesinó. El catalán Joan Alsina fusilado en el Puente Bulnes ocho días después del golpe, detenido ese mismo día en el subterráneo del hospital donde trabajaba. El militar que le disparó relató los hechos y años después se suicidó. “Saqué a Juan del furgón y fui a vendarle los ojos, pero me dijo: ‘Por favor no me pongas la venda, mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón’”.
Alsina lideraba un sindicato de trabajadores y ejercía de cura en la parroquia de San Bernardo, en la periferia capitalina. Al único condenado por su muerte, el máximo tribunal le dio una pena irrisoria en 2007 de tres años de cárcel, que terminó cumpliendo en libertad.
“Mataron por segunda vez a mi padre”
A Carmelo Soria, trabajador de Naciones Unidas, lo mató la DINA en julio de 1976 y luego simularon un accidente: colocaron una botella de alcohol en su coche y una nota en su bolsillo con la confesión de una supuesta infidelidad de su mujer.
Carmen Soria, su hija mediana, tenía 16 años cuando eso ocurrió. Tuvieron que pasar más de tres décadas hasta que el Supremo chileno, en una sentencia definitiva, condenase a finales de agosto a los asesinos de su padre, que como funcionario del organismo internacional gozaba de inmunidad diplomática.
“Después de 47 años no se puede hablar de justicia, con condenas miserables de 10 y 15 años, es una burla. No puedo estar de acuerdo con eso”, critica en entrevista con EFE.
Carmen Soria, hija de Carmelo Soria, extrabajador de Naciones Unidas, posa durante una entrevista con EFE. EFE/Elvis González
Denuncia además que la centro-izquierda que gobernó durante las décadas de la transición –la llamada Concertación– “utilizó los derechos humanos para llegar al poder y luego los olvidaron”.
El proceso judicial de su padre se dilató muchos años por la negativa del Gobierno chileno a reconocerle el rango de “funcionario superior”, sostiene. Lo que hubiese impedido aplicar a su caso la ley de amnistía: “La Concertación mató por segunda vez a mi padre”, añade.
Casi 50 años después, Soria dice que, con el último pronunciamiento de la justicia, “se cierra el caso” pero recalca, por sobre todo, que “la sentencia muestra, una vez más, la impunidad que existe en Chile”.
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Sale de Odesa el primer barco con cereal ucraniano que desafía el bloqueo naval ruso
Kiev (EFE).- El barco Resilient Africa salió hoy cargado con 3.000 toneladas de trigo del puerto de Chornomorsk, en la región ucraniana de Odesa, convirtiéndose así en el primer barco civil que desafía al bloqueo militar declarado por Rusia en el Mar Negro el pasado 20 de julio. “El barco Resilient Africa con 3.000 toneladas … Leer más
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Kiev (EFE).- El barco Resilient Africa salió hoy cargado con 3.000 toneladas de trigo del puerto de Chornomorsk, en la región ucraniana de Odesa, convirtiéndose así en el primer barco civil que desafía al bloqueo militar declarado por Rusia en el Mar Negro el pasado 20 de julio.
“El barco Resilient Africa con 3.000 toneladas de trigo ha salido del puerto de Chornomorsk y se dirige al Bósforo”, ha escrito en su cuenta de la red social X (antigua Twitter) el ministro ucraniano de Infraestructuras, Oleksandr Kubrakov.
Otro barco comercial, el Aroyat, se encuentra en el puerto de Chornomorsk cargado de trigo con destino a Egipto.
Los cargueros Resilient Africa y Aroyat, ambos con bandera de la república-archipiélago de Palau, en Oceanía, entraron juntos en el Mar Negro la semana pasada a través del Bósforo para trasladar cerca de 20.000 toneladas de grano a África y Asia.
Dos personas pasan junto a un mural que representa a un soldado ucraniano señalando un buque de guerra ruso, en Kiev, Ucrania. EFE/EPA/Sergey Dolzhenko
EEUU acusa a Rusia de destruir grano para alimentar a millones de personas
El secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, denunció hoy que los ataques contra puertos ucranianos y sus infraestructuras han destruido grano suficiente para alimentar a 10,5 millones de personas durante un año.
Al inicio de la reunión del grupo de contacto para la defensa de Ucrania que se celebra este martes en la base aérea de Ramstein (Alemania), Austin subrayó que “los ataques de Rusia continúan amenazando la seguridad alimentaria global y potenciando el riesgo de crisis humanitarias innecesarias en todo el planeta”.
Por ello, Austin instó a sus homólogos de una cincuentena de países a seguir suministrando defensa antiaéreas, interceptores, munición y apoyo a largo plazo.
Según el representante estadounidense, estos sistemas “seguirán protegiendo las infraestructuras críticas de Ucrania, incluidos los suministros de grano y energía” , salvando vidas.
Rusia dio por terminado a mediados de julio el acuerdo por el que durante un año se comprometió con Turquía y la ONU a permitir la navegación de barcos destinados a la exportación de cereal de tres puertos ucranianos de la región de Odesa.
Días después de comunicar su salida del acuerdo, Moscú anunció que consideraría objetivo militar legítimo, en tanto que sospechoso de transportar material de guerra, todo barco que entrara en el Mar Negro y se dirigiera a puertos ucranianos.
Ucrania respondió con una declaración recíproca e intensificó los ataques a barcos militares rusos en el Mar Negro, mientras Rusia ha atacado todas las semanas infraestructuras portuarias y agrícolas ucranianas.
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La India expulsa a un diplomático de Canadá tras las acusaciones de asesinato de un líder sij
Nueva Delhi, 19 sep (EFE).- La India anunció este martes la expulsión de un alto cargo diplomático de Canadá, en respuesta a la acusación de las autoridades canadienses de que el país asiático estuvo implicado en el asesinato en su territorio de uno de sus ciudadanos, un líder separatista de origen indio y perteneciente a … Leer más
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Nueva Delhi, 19 sep (EFE).- La India anunció este martes la expulsión de un alto cargo diplomático de Canadá, en respuesta a la acusación de las autoridades canadienses de que el país asiático estuvo implicado en el asesinato en su territorio de uno de sus ciudadanos, un líder separatista de origen indio y perteneciente a la comunidad sij.
Según un comunicado del Ministerio indio de Exteriores, “el Alto Comisionado de Canadá en la India fue convocado hoy e informado sobre la decisión del Gobierno de la India de expulsar a un alto cargo diplomático canadiense”.
El diplomático deberá abandonar la India en los próximos días, en una medida que refleja “la creciente preocupación sobre la interferencia de diplomáticos canadienses en nuestros asuntos internos”, según el comunicado.
El asesinato de Hardeep Singh Nijjar el pasado junio en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá, ha desatado una crisis diplomática entre ambos países.
Nijjar, que fue tiroteado por desconocidos en el aparcamiento de un templo sij, había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias al defender la creación del estado independiente de Khalistán para la minoría sij en el estado indio de Punjab.
Este movimiento separatista pasó a una insurgencia armada en la década de los 80 que dejó decenas de miles de muertos a su paso.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó ayer que, según los servicios de inteligencia canadienses, la India estuvo implicada en el asesinato de Nijjar.
Canadá expulsó además ayer a un diplomático indio, el responsable de la inteligencia de la nación asiática en el país.
India niega las acusaciones
El Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, rechazó ayer unas acusaciones que calificó de absurdas y motivadas.
Para el Ministerio de Exteriores indio, las declaraciones de Trudeau buscan “desviar la atención de terroristas y extremistas khalistaníes”.
Nueva Delhi ha acusado repetidamente a Canadá de permitir la presencia de personas que amenazan su “integridad territorial”, mientras que Trudeau defendió el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica tras un tenso encuentro con Modi durante la cumbre del G20 el pasado 9 y 10 de septiembre.
Después de la reunión entre ambos líderes, Canadá pospuso esta semana su misión comercial a la India después de la paralización de negociaciones para un tratado de libre comercio.
Canadá cuenta con 1,8 millones de personas de origen indio, de las que unas 770.000 son sij.
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Arévalo de León: “Estamos unidos en defensa de la democracia” en Guatemala
Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la … Leer más
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Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la democracia”.
“Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, declaró Arévalo de León rodeado de unas 5.000 personas, frente a la Corte Suprema de Justicia.
Arévalo de León, de 64 años, presentó un recurso ante el Supremo para revertir las acciones que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras y la cúpula de esta entidad, han emprendido contra el proceso electoral en el país centroamericano.
El presidente electo, que ganó el balotaje por la presidencia el pasado 20 de agosto, fue acompañado por el equipo jurídico de su partido, el Movimiento Semilla, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera.
En el recurso planteado por Arévalo de León se denuncia, además de a Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales y al juez penal Fredy Orellana, señalándolos de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.
Con esta acción, Arévalo de León pretende que los magistrados reviertan las acciones judiciales de la Fiscalía, incluido el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada y la destitución de Porras y los demás funcionarios implicados, en lo que él ha calificado como “un intento de golpe de Estado”, para evitar que tome el poder el próximo 14 de enero.
“En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo”, sentenció Arévalo de León.
Apoyado por pueblos indígenas
Mientras Arévalo de León entregaba el amparo en el Supremo, un grupo de autoridades indígenas de todas las regiones y pueblos mayas del país realizaron una ceremonia ancestral en la Plaza de los Derechos Humanos, en señal de respaldo a las autoridades electas.
Las autoridades indígenas, junto al cardenal Álvaro Ramazzini reconocieron al binomio electo y les recordaron que contarán con su apoyo durante “los meses de lucha por la democracia”.
En la mañana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió, desde Washington, a la fiscal Porras que deje de perseguir a Arévalo de León.
“Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”, manifestó frente al Consejo Permanente del organismo.
Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En medio de la polémica persecución penal, Arévalo de León y su equipo se encuentran realizando el protocolo de transición de mando con el actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien debe entregar el poder el próximo 14 de enero.
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