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Grupos de élite de Colombia buscan sabotear el diálogo ELN-Gobierno, dice Pablo Beltrán
Por Sabela Bello | Caracas (EFE).- La amenaza de sabotaje sobrevuela los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia, explicó Pablo Beltrán, comandante de la guerrilla, en una entrevista con EFE, en la que detalló que, detrás de la idea de boicot, se encuentran “grupos de élite” que temen … Leer más
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Por Sabela Bello |
Caracas (EFE).- La amenaza de sabotaje sobrevuela los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia, explicó Pablo Beltrán, comandante de la guerrilla, en una entrevista con EFE, en la que detalló que, detrás de la idea de boicot, se encuentran “grupos de élite” que temen que la paz y la democratización del país afecten a sus intereses.
Beltrán, jefe de la delegación del ELN para los diálogos, aseguró que determinados colectivos, como mafias, redes de corrupción o clanes -con la participación de funcionarios del Estado- que “están cómodos con la crisis del país y no quieren que haya cambios”, puesto que -subrayó- “se lucran con muchos aspectos del conflicto” y “si hay paz, pierden su ingreso”.
El jefe de la delegación del ELN para los diálogos de paz, Pablo Beltrán, habla durante una entrevista con EFE. EFE/Rayner Peña R.
Estos “entes” -prosiguió- están “incluso dentro del Estado (…) están en abierta contradicción y contrapeso con el Gobierno”. Al estar controlados por clanes regionales con poder y con intereses económicos, que los llevan a difundir “noticias falsas” o “medias verdades” relacionadas con las negociaciones.
Precisó que no se trata “solamente de un funcionario” de manera independiente, sino que obedece a grupos de control mayores. Entre los que mencionó a algunos “sectores de las Fuerzas Armadas o de los organismos de seguridad del Estado” que persiguen boicotear “el proceso de paz” que, a su vez, “hace parte del saboteo a un proceso de Gobierno”.
Más “enemigos”, las “élites tradicionales”: Pablo Beltrán
Según el comandante del ELN, los “enemigos de la paz” están en varios estratos, pero todos tienen el ojo puesto en el mismo objetivo: defender intereses particulares sobre los del país. Y entre estos grupos, hace hincapié en las “élites tradicionales”, temerosas de perder poder y privilegios con la llegada de los cambios.
Puso como ejemplo a “gente que se lucra de la salud pública, de los fondos de pensiones o de las leyes laborales”. Para quienes supone una amenaza plantear cualquier tipo de cambio -incluida la pacificación- que lleve a una “reforma laboral, tributaria, al código de pensiones”, ya que “remueven sus intereses”.
“Esos mismos grandes grupos económicos son los dueños de los grandes medios de comunicación. Un gran medio de comunicación, ¿va a defender los intereses de la mayoría de Colombia? No, (sino) los intereses de ese propietario (…) que cree que las reformas que van en curso le van a mover el piso”, explicó.
Agregó que “en el campo mediático hay grandes corporaciones que están en una ofensiva de medias verdades, desinformación, manipulación abierta sin escrúpulos. El problema no es el periodista que hace eso, es el que le paga para que para que haga eso”, sostuvo.
La participación ciudadana por bandera
El cuarto ciclo de negociación, que arrancó el pasado 14 de agosto, centra gran parte de la atención en el recién creado Comité Nacional de Participación Ciudadana para integrar a la sociedad civil en los diálogos, un hecho que Beltrán considera un “distintivo del proceso”.
Con el comité, espera que los colombianos vean el proceso de manera cercana, “con tranquilidad, sin zozobra”, y con un protagonismo activo.
El jefe de la delegación del ELN para los diálogos de paz, Pablo Beltrán, habla durante una entrevista con EFE. EFE/Rayner Peña R.
“Es meter a la gente desde el principio (del proceso), no dejar para el final. Decirle, oiga, ¿cómo le parecen los acuerdos? Participe, diga que hay que cambiar a Colombia. Échese la paz al hombro”, señaló.
En su opinión, es fundamental que “la validación del proceso sea con la gente”, a la que se le otorga la capacidad de opinar en primera persona sobre el desarrollo de las negociaciones y fijar su posición sobre la puesta en marcha de los acuerdos que se vayan suscribiendo.
Los alivios humanitarios, el talón de aquiles
Al comienzo de esta fase de los diálogos, las partes hicieron especial incidencia en la necesidad de proporcionar “alivios humanitarios” a las personas que sufren más de cerca el conflicto por residir en zonas gravemente afectadas, dando respuesta a sus necesidades más urgentes, como generar un entorno más seguro y habitable.
Pero no es algo que se pueda hacer de un día para otro -explicó Beltrán-, ya que requiere un importante recurso humano y una amplia logística para llegar a todas las zonas, aunque destacó como uno de los “alivios humanitarios” más relevantes el cese al fuego vigente.
No obstante, reconoció que el plan “es muy incipiente” y que los afectados exigen resultados inmediatos. Lo que requiere acelerar el proceso en todo lo posible para apoyar a las comunidades.
“La gente nos está reclamando en las zonas que cumplamos. Como el Gobierno va por allá, nos reclaman a nosotros. Entonces hacemos los acuerdos y no están diciendo, oiga, hicieron una caravana humanitaria en un sector del Pacífico. ¿Los resultados dónde están?”, lamentó.
El jefe de la delegación del ELN para los diálogos de paz, Pablo Beltrán, habla durante una entrevista con EFE. EFE/Rayner Peña R.
Aseguró que se toma nota de los reclamos y que se aceleran los procesos para hacer realidad lo prometido en un amplio territorio. Con el compromiso de diversas organizaciones que trabajan en las zonas afectadas para que desarrollen “una labor preventiva in situ”.
Para desarrollarla, se debe contar con la participación de diferentes actores, como la Iglesia y Naciones Unidas. Como parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación puesto en marcha este mes, para vigilar el cumplimiento del cese.
Queda mucho por hacer, pero el compromiso es claro. La protección humanitaria apunta a “neutralizar problemas, a prevenirlos y a mantener una interrelación muy estrecha entre comunidades y el mecanismo de verificación” que certifique “toda fuerza que tenga una actitud de amenaza contra una comunidad” para tomar medidas.
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Arévalo de León: “Estamos unidos en defensa de la democracia” en Guatemala
Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la … Leer más
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Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la democracia”.
“Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, declaró Arévalo de León rodeado de unas 5.000 personas, frente a la Corte Suprema de Justicia.
Arévalo de León, de 64 años, presentó un recurso ante el Supremo para revertir las acciones que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras y la cúpula de esta entidad, han emprendido contra el proceso electoral en el país centroamericano.
El presidente electo, que ganó el balotaje por la presidencia el pasado 20 de agosto, fue acompañado por el equipo jurídico de su partido, el Movimiento Semilla, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera.
En el recurso planteado por Arévalo de León se denuncia, además de a Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales y al juez penal Fredy Orellana, señalándolos de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.
Con esta acción, Arévalo de León pretende que los magistrados reviertan las acciones judiciales de la Fiscalía, incluido el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada y la destitución de Porras y los demás funcionarios implicados, en lo que él ha calificado como “un intento de golpe de Estado”, para evitar que tome el poder el próximo 14 de enero.
“En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo”, sentenció Arévalo de León.
Apoyado por pueblos indígenas
Mientras Arévalo de León entregaba el amparo en el Supremo, un grupo de autoridades indígenas de todas las regiones y pueblos mayas del país realizaron una ceremonia ancestral en la Plaza de los Derechos Humanos, en señal de respaldo a las autoridades electas.
Las autoridades indígenas, junto al cardenal Álvaro Ramazzini reconocieron al binomio electo y les recordaron que contarán con su apoyo durante “los meses de lucha por la democracia”.
En la mañana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió, desde Washington, a la fiscal Porras que deje de perseguir a Arévalo de León.
“Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”, manifestó frente al Consejo Permanente del organismo.
Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En medio de la polémica persecución penal, Arévalo de León y su equipo se encuentran realizando el protocolo de transición de mando con el actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien debe entregar el poder el próximo 14 de enero.
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Un tribuna argentino falla en contra de Cristina Fernández en dos casos resonantes
Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral. La … Leer más
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Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta dictado en noviembre de 2021 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 en la denominada causa Hotesur-Los Sauces.
Según el fallo al que tuvo acceso EFE, el máximo tribunal penal de Argentina ordenó que se cumpla con los procesos pendientes en esta causa, que estaba a punto de iniciar el juicio oral cuando Cristina Fernández, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, entre otros, fueron sobreseídos.
La cámara resolvió, sin embargo, rechazar el pedido de la Fiscalía para que fuera revocado el sobreseimiento de la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner.
En la denominada causa Hotesur-Los Sauces, que lleva el nombre de dos empresas relacionadas con la familia Kirchner, se investigaron supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero proveniente de la adjudicación de obras públicas.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en una imagen de archivo. EFE/ Prensa Cristina Fernández De Kirchner
Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero fue luego sobreseída en noviembre de 2021, antes del inicio del juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal decidió además este lunes apartar a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes en 2021 habían votado a favor del sobreseimiento de la vicepresidenta.
Memorando con Irán
En otro fallo también adverso para la expresidenta, el mismo tribunal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa por la que era investigada por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.
Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado en 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y por el que están acusados varios iraníes, pero la Justicia investigó si, en realidad, se había tratado de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.
La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza.
Fernández, junto a otros funcionarios de su Gobierno, fue procesada en esta causa por el presunto delito de encubrimiento y sobreseída en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal 8, antes del inicio del juicio oral, que ahora la Cámara de Casación Penal ordena que se lleve adelante.
El tribunal también decidió apartar del caso a los jueces del tribunal oral Daniel Horacio Obligado, José Antonio Michilini y Gabriela López Iniguez del trámite de este proceso.
Fernández, de 70 años y cuyo mandato como vicepresidenta concluye el próximo 10 de diciembre, fue condenada en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un juicio oral por administración fraudulenta y cuya sentencia fue apelada.
La vicepresidenta, quien sufrió un intento de asesinato en septiembre de 2022, durante la instancia final de aquel juicio oral, ha sostenido varias veces que es víctima de “lawfare” (hostigamiento judicial).
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Trudeau implica a las autoridades indias en un asesinato cometido en Canadá
Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij. “Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra … Leer más
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Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij.
“Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra soberanía”, dijo en la Cámara Baja del Parlamento canadiense.
El primer ministro añadió que Canadá “ha transmitido sus profundas preocupaciones a los más altos funcionarios de seguridad y del Gobierno indio” por el asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ocurrido en junio pasado en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una fotografía de archivo. EFE/ Mariscal
Singh Nijjar, tiroteado por desconocidos en el aparcamiento de un templo sij, había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias por abogar por la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.
Trudeau informó este lunes a los principales líderes políticos del país de las conclusiones de los servicio de inteligencia canadienses sobre la implicación de India en el asesinato y afirmó que durante la cumbre del G20, celebrada en la india el 9 y 10 de septiembre, exigió explicaciones a su homólogo indio, Narendra Modi.
“De la manera más enérgica posible, recomiendo al Gobierno de la India que colabore con Canadá para llegar al fondo de este asunto”, dijo el mandatario, que calificó de “extremadamente grave” lo sucedido.
El pasado 1 de septiembre, el Gobierno canadiense anunció la suspensión de las conversaciones con la India para la firma de un acuerdo de libre comercio, sin explicar las razones. Canadá también ha cancelado una misión comercial a la India que debería haberse efectuado en octubre.
En Canadá viven alrededor de 1,8 millones de personas de origen indio, de las que unas 770.000 son sij. El líder del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, el cuarto partido del Parlamento canadiense, es sij.
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