No ha sido una tarea fácil obtener legislación relacionada con el fentanilo a través de comités clave en la legislatura este año, pero hay una nueva propuesta para debatir, y tiene un alto precio.

Apodado el “Bono de lucha contra el fentanilo”, una medida de bonos de $ 5.2 mil millones está destinada a financiar programas de tratamiento, preventivos y educativos. El asambleísta Reggie Jones-Sawyer, demócrata de Los Ángeles que preside el Comité de Seguridad Pública, dice que la idea es tener un “enfoque integral de la crisis del fentanilo”.

“Evitar los aspectos mayores de este problema, incluido el lado de la demanda y la falta de tratamiento y educación, ha exacerbado el asunto”, dijo Jones-Sawyer.

El bono, del que es coautor el asambleísta Juan Alanis, republicano por Modesto, asignaría $2 mil millones a varios programas de tratamiento para quienes luchan contra el abuso de sustancias y otros $2 mil millones para ampliar los programas educativos para jóvenes sobre el uso recreativo de drogas, así como servicios de tratamiento y apoyo en escuelas.

Además, se dedicarían $500 millones a servicios que involucren a traficantes de drogas de alto nivel, como oportunidades de vivienda y tratamiento para personas que están saliendo del sistema de justicia y tratamientos por uso de sustancias en prisiones e instalaciones juveniles, según la oficina de Jones-Sawyer.

Los servicios de reducción de daños recibirían $ 400 millones, los programas que amplían el acceso a los kits de prueba de fentanilo y los suministros de uso seguro recibirían $ 200 millones y $ 100 millones se dedicarían a la investigación de drogas emergentes.

Si el proyecto de ley es aprobado por la legislatura y obtiene la aprobación del gobernador Gavin Newsom, dependería de los votantes darle el visto bueno final.

Y para la asambleísta Diane Dixon, esa es una gran pregunta para los votantes.

“Es una receta para el desastre financiero sin ninguna receta para la efectividad del programa. Son demasiadas incógnitas”, dijo la republicana de Newport Beach, y agregó que quiere ver más definidos los programas que recibirían los fondos. “Es demasiado dinero que no se puede administrar de manera efectiva”.

Dixon es una de varios miembros republicanos de la Asamblea que presionan por una enmienda constitucional que implementaría lo que se conoce como “Ley de Alexandra”. Correspondería a los votantes, si se aprueba la enmienda constitucional, decidir si los traficantes condenados deben recibir una advertencia sobre los peligros del fentanilo, y si siguen vendiendo drogas y alguien muere, podrían ser procesados.

El senador Tom Umberg, demócrata de Santa Ana, ha defendido esta legislación en la cámara alta, pero, como muchos proyectos de ley relacionados con el fentanilo este año, se estancó.

“Este es un enfoque de sentido común pero leve para abordar el problema”, dijo Dixon sobre el esfuerzo que lleva el nombre de una mujer de Temecula que murió en 2019 después de tomar lo que ella pensó que era Percocet. “Que decidan los votantes”.

Intentar abordar la crisis del fentanilo de una manera más holística, dijo, no es factible.

“Está en movimiento. El crimen está ocurriendo. La gente está muriendo. No podemos simplemente dar un paso atrás y ser intelectuales sobre esto; necesitamos abordar esto ahora”, dijo.

Pero Jones-Sawyer dice que centrarse en la prevención es la mejor opción del estado.

“Medidas preventivas para acabar con la demanda y acciones para ayudar a quienes sufren de adicción a salvar vidas y frenar la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas”, dijo. “Encerrar a los traficantes ocurre después de que alguien muere o sus vidas se arruinan”.

El proyecto de eliminación de represas más grande en la historia de los Estados Unidos está en marcha a lo largo de la frontera entre California y Oregón, un proceso que no concluirá hasta fines del próximo año con la ayuda de maquinaria pesada y explosivos.

Pero en cierto modo, eliminar las represas es la parte fácil. La parte difícil vendrá durante la próxima década cuando los trabajadores, en asociación con las tribus nativas americanas, planten y controlen casi 17 000 millones de semillas mientras intentan restaurar el río Klamath y la tierra circundante a lo que era antes de que las represas comenzaran a subir hace más de un siglo.

La demolición es parte de un movimiento nacional para devolver el flujo natural de los ríos de la nación y restaurar el hábitat para los peces y los ecosistemas que sustentan otra vida silvestre. Se han eliminado más de 2,000 represas en los EE. UU. hasta febrero, y la mayor parte de ellas se derrumbaron en los últimos 25 años, según el grupo de defensa American Rivers.

La eliminación de cuatro represas hidroeléctricas a lo largo del río Klamath es el mayor triunfo y el mayor desafío del movimiento. Cuando se complete la demolición a fines del próximo año, más de 400 millas (644 kilómetros) de río se habrán abierto para especies amenazadas de peces y otros animales salvajes. En comparación, las 65 represas eliminadas en los EE. UU. el año pasado se combinaron para volver a conectar 430 millas (692 kilómetros) de río.

El proyecto vaciará tres embalses en aproximadamente 3,5 millas cuadradas (9 kilómetros cuadrados) cerca de la frontera entre California y Oregón, exponiendo el suelo a la luz solar en algunos lugares por primera vez en más de un siglo.

Durante los últimos cinco años, las tribus nativas americanas recolectaron semillas a mano y las enviaron a viveros con planes de sembrar las semillas a lo largo de las orillas del nuevo río salvaje. Los helicópteros traerán cientos de miles de árboles y arbustos para plantar a lo largo de las orillas, incluidos montones de raíces de árboles para crear un hábitat para los peces.

Este crecimiento suele tardar décadas en ocurrir de forma natural. Pero los funcionarios están presionando el botón de avance rápido de la naturaleza porque esperan repeler una invasión de plantas foráneas, como el cardozo, que domina el paisaje a expensas de las plantas nativas.

“¿Por qué no dejar que la naturaleza siga su curso? Bueno, la naturaleza no siguió su curso cuando se instalaron las represas. No podemos pretender que este cambio gigantesco en el paisaje no ha ocurrido y no podemos simplemente ignorar el hecho de que las especies invasoras son un gran problema en el oeste y en California”, dijo Dave Meurer, director de asuntos comunitarios de Resource Environmental Solutions, la compañía que lidera el proyecto de restauración. “Nuestro objetivo es darle a la naturaleza una ventaja”.

Una compañía eléctrica, conocida hoy como PacifiCorp, construyó las represas a partir de 1918 para generar electricidad. Las represas detuvieron el flujo natural del río e interrumpieron el ciclo de vida del salmón, un pez que pasa la mayor parte de su vida en el Océano Pacífico pero regresa a los fríos arroyos de las montañas para poner huevos. Los peces son cultural y espiritualmente significativos para varias tribus nativas americanas, que históricamente sobrevivieron pescando las enormes cantidades de salmón que regresaban a los ríos cada año.

Jamie Holt, lead fisheries technician for the Yurok Tribe, right, and Gilbert Myers count dead chinook salmon pulled from a trap in the lower Klamath River on June 8, 2021, in Weitchpec, Calif. Work has begun on the largest dam removal project in history along the Klamath River. Four dams will be removed by the end of 2024. (AP Photo/Nathan Howard, File)

Una combinación de bajos niveles de agua y temperaturas cálidas en 2002 provocó un brote bacteriano que mató a más de 34.000 peces, en su mayoría salmón Chinook. La pérdida impulsó décadas de defensa de las tribus nativas americanas y grupos ambientalistas, que culminó el año pasado cuando los reguladores federales aprobaron un plan para eliminar las represas.

“El río es nuestra iglesia, el salmón es nuestra cruz. Así es como se relaciona con la gente. Así que es muy sagrado para nosotros”, dijo Kenneth Brink, vicepresidente de la tribu Karuk. “El río no es solo un lugar al que vamos a nadar. Es la vida. Crea todo para nuestra gente”.

El proyecto costará $500 millones, pagados por los contribuyentes y los contribuyentes de PacifiCorps. Las tripulaciones han eliminado en su mayoría la más pequeña de las cuatro represas, conocida como Copco No. 2. Las otras tres represas se espera que bajen el próximo año después de que se drenen los embalses detrás de ellos. Eso dejará a algunos propietarios de viviendas en la zona sin el pintoresco lago en el que han vivido durante años.

La Asociación de Usuarios de Agua del Condado de Siskiyou, que se formó hace aproximadamente una década para detener el proyecto de remoción de la represa, presentó una demanda federal. Pero hasta ahora no han podido detener la demolición.

“Creo que es un gran error”, dijo el presidente de la asociación, Richard Marshall. “Desafortunadamente, es un error del que no puedes dar marcha atrás”.

El nivel del agua en los lagos caerá entre 3 pies y 5 pies (1 metro a 1,5 metros) por día durante los primeros meses del próximo año. Los equipos seguirán esa línea de flotación, aprovechando la humedad del suelo para plantar semillas de más de 98 especies de plantas nativas, como el girasol lanudo, la festuca de Idaho y el pasto de trigo azul.

Las tribus se han implicado en el proceso desde el principio. Resource Environmental Solutions contrató a miembros tribales para recolectar semillas de plantas nativas a mano. La tribu Yurok incluso contrató a un botánico restaurador.

Cada especie tiene un papel que desempeñar. Algunos, como los lupinos, crecen rápidamente y preparan el suelo para otras plantas. Otros, como los robles, tardan años en madurar por completo y dar sombra a otras plantas. “Es una unión maravillosa del conocimiento ecológico tradicional tribal y la ciencia occidental”, dijo Mark Bransom, director ejecutivo de Klamath River Renewal Corporation, la entidad sin fines de lucro creada para supervisar el proyecto.

El anterior proyecto de eliminación de represas más grande fue en el río Elwha del estado de Washington, que fluye desde el Parque Nacional Olympic hacia el Estrecho de Juan de Fuca. El Congreso en 1992 aprobó la demolición de las dos represas en el río construidas a principios del siglo XX. Después de dos décadas de planificación, los trabajadores terminaron de eliminarlos en 2014, abriendo alrededor de 113 kilómetros (70 millas) de hábitat para el salmón y la trucha arco iris.

Los biólogos dicen que el río tardará al menos una generación en recuperarse, pero a los pocos meses de que se retiraran las represas, el salmón ya estaba recolonizando secciones del río a las que no había accedido en más de un siglo. La tribu Lower Elwha Klallam, que ha estado muy involucrada en el trabajo de restauración, está abriendo una pesquería de subsistencia limitada este otoño para el salmón coho, la primera desde que se derrumbaron las represas.

Brink, el vicepresidente de la tribu Karuk, espera que se produzca un éxito similar en el río Klamath. Varias veces al año, Brink y otros miembros de la tribu participan en la pesca ceremonial del salmón utilizando redes de mano. En muchos años, no ha habido peces para pescar, dijo.

“Cuando el río vuelva a fluir libremente, la gente también puede comenzar a adorar libremente nuevamente”, dijo.

Los proveedores de cuidado infantil en todo California están votando sobre un acuerdo que algunos defensores califican como “transformador” para la industria.

El estado prometió y fijó plazos para revisar su modelo de reembolso para proveedores de cuidado subsidiado, que los defensores creen que es clave para resolver la escasez de cuidado infantil en California.

El estado también acordó reducir significativamente, y en muchos casos eliminar, las tarifas que las familias de bajos ingresos deben pagar para recibir cuidado infantil subsidiado por California.

En un estado donde el cuidado de los niños más pequeños generalmente cuesta más de $19,000 al año, California proporciona ayuda financiera para algunas familias de bajos ingresos.

Las familias que ganan el 85 por ciento del ingreso medio estatal o menos (eso es hasta $96,300 antes de impuestos anuales para una familia de cuatro) son elegibles para el cuidado infantil subsidiado, de acuerdo con los límites de ingresos del estado para el año fiscal actual.

Pero el sistema de subsidios no llega a cuatro de cada cinco niños pequeños de California que califican para él, según descubrió The San Diego Union-Tribune en una investigación de enero.

Y para las familias de bajos ingresos a las que sirve, la atención subsidiada solía tener un precio elevado.

Las familias han tenido que pagar el 10 por ciento de sus ingresos mensuales como “tarifa familiar” o copago por el cuidado infantil subsidiado, hasta $607 por mes.

La ley federal requiere que los estados cobren tarifas familiares en una escala móvil para el cuidado subsidiado. Pero deja que los estados decidan cuánto y a qué familias cobrar.

Los defensores durante años han criticado las tarifas de California como injustas e inasequibles para las familias de bajos ingresos, y señalaron que otros estados cobran mucho menos. Dakota del Sur, por ejemplo, no cobra más de $82 al mes; Oregón cobra hasta $130 al mes y el estado de Washington cobra hasta $215.

California ha utilizado la ayuda de COVID-19 para eximir las tarifas familiares desde el inicio de la pandemia, pero antes del acuerdo presupuestario de este verano, se había programado que las tarifas regresaran este año.

En una encuesta reciente realizada por los grupos de defensa Parent Voices y EveryChild California, más de la mitad de las familias encuestadas dijeron que dejarían el cuidado infantil subsidiado si tuvieran que pagar una tarifa familiar. Muchos dijeron que tendrían que elegir entre pagar el cuidado de los niños y pagar el alquiler, la comida, el gas, los servicios públicos y otros costos de vida necesarios.

“La idea era, ¿por qué pagamos esto?”. dijo Blake Hofstad, director de organización de Parent Voices, que durante años ha abogado por la eliminación de las cuotas familiares en California.

Según el acuerdo de presupuesto estatal alcanzado este verano, las familias que ganan menos del 75 por ciento del ingreso medio estatal ya no tendrán que pagar ninguna tarifa por su cuidado infantil subsidiado a partir del 1 de octubre. Eso significa que una familia de cuatro personas gana menos de $84,972 anualmente no tendrá que pagar ninguna tasa.

Para la minoría de familias que todavía tienen un copago, el estado también recortó las tarifas, de modo que totalicen no más del 1 por ciento de los ingresos de una familia. Ninguna familia tendrá que pagar más de $61 al mes por atención subsidiada, según una copia del nuevo programa de tarifas familiares obtenido por Union-Tribune.

El estado utilizará $56 millones de su fondo general para reducir las tarifas.

“Son cientos de dólares al mes, miles de dólares al año que se quedan en los bolsillos de las familias”, dijo Hofstad.

Además de reducir las tarifas familiares, los líderes estatales acordaron varias otras reformas de cuidado infantil en un acuerdo por un contrato de dos años alcanzado a fines del mes pasado con Child Care Providers United, un sindicato estatal que representa a más de 40,000 proveedores de cuidado infantil familiar, que son propietarios de pequeñas empresas que brindan atención fuera de sus propios hogares.

El acuerdo tentativo proporciona $600 millones durante dos años para aumentos únicos de tarifas para proveedores de cuidado infantil subsidiado.

Eso significa que a partir del 1 de enero, los proveedores de cuidado infantil familiar del condado de San Diego recibirán $160 más al mes por niño. Los proveedores exentos de licencia, como familiares, amigos y vecinos, también reciben un aumento de $112 por niño.

El acuerdo también proporciona $80 millones para un fondo de jubilación único en su tipo para proveedores, $100 millones en financiamiento anual continuo para atención médica y una extensión de dos años de una política de la era COVID que reembolsa a los proveedores en función de la inscripción en lugar de la asistencia.

Pero la mayor victoria para el cuidado infantil en el acuerdo, dicen los defensores, es una promesa y un cronograma del estado para abordar un problema fundamental sobre cómo California, y la mayoría de los otros estados, financian el cuidado infantil subsidiado.

Por lo general, California decide cuánto reembolsar a los proveedores de cuidado subsidiado en función de los precios de mercado que las familias pagaban por el cuidado infantil hace cinco años. Como resultado, las tasas de reembolso del estado no reflejan costos de vida actuales y la rápida inflación de los últimos años.

Tampoco alcanzan a cubrir los costos operativos de los proveedores.

Los proveedores frecuentemente fijan sus precios por debajo de sus costos reales, porque saben que los padres no pueden pagar más.

Una empresa nacional descubrió el año pasado que la brecha entre lo que California paga a los proveedores y sus costos reales asciende a más de $10,000 por niño, por año, en casi todas las regiones del estado para casi todos los grupos de edad de los niños atendidos.

Los proveedores de cuidado subsidiado a menudo cierran esa brecha renunciando a sus propios ingresos, trabajando demasiado y tomando otras medidas drásticas que llevan a muchos a la quiebra, creando una grave escasez de mano de obra y cuidado infantil disponible.

Con el acuerdo sindical, el estado promete formular un nuevo modelo de reembolso basado en estimaciones de los costos de los proveedores. El estado decidirá sobre los elementos del nuevo modelo antes del 15 de febrero y lo presentará para su aprobación federal antes del 1 de julio; el estado ya solicitó la aprobación previa a fines de marzo, según el acuerdo.

Dentro de los 60 días de recibir la aprobación federal para el nuevo modelo basado en costos, el estado reabrirá las negociaciones con el sindicato sobre las tasas de reembolso.

Hussein Almukhtar, un proveedor de cuidado infantil familiar con sede en Lakeside y miembro del equipo de negociaciones del sindicato, calificó el acuerdo de “histórico” y necesario.

Si no hubiera sido por los aumentos de tarifas, dijo que habría tenido que cerrar su negocio porque no gana lo suficiente para mantenerse a flote. Atiende enteramente a niños cuyas familias están recibiendo subsidios.

Almukhtar dijo que no ha podido encontrar un asistente dispuesto a trabajar para su negocio, en parte porque no puede pagarle bien a un asistente. Dijo que solo puede pagarse a sí mismo alrededor de $ 5 por hora. Así que los aumentos de tarifas temporales ayudarán.

“Eso me ayudará a mantener mis puertas abiertas hasta que el estado arregle su sistema”, dijo Almukhtar.

El sindicato de proveedores de cuidado infantil ahora está votando para ratificar el acuerdo, y la votación concluirá el lunes.

Esta historia apareció originalmente en San Diego Union-Tribune.