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Hunter Biden, hijo de Joe Biden, es imputado por compra y posesión ilegal de armas

Washington (EFE).- Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, fue imputado este jueves de tres cargos relacionados con la compra y posesión de armas, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones. El acta de imputación está firmada por David Weiss, el fiscal federal de Delaware, que a mediados de agosto … Leer más
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Hunter Biden, hijo de Joe Biden, es imputado por compra y posesión ilegal de armas

Washington (EFE).- Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, fue imputado este jueves de tres cargos relacionados con la compra y posesión de armas, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones.

El acta de imputación está firmada por David Weiss, el fiscal federal de Delaware, que a mediados de agosto fue nombrado fiscal especial al frente de esas pesquisas por el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland.

Según el escrito, el 12 de octubre de 2018 o en una fecha cercana a ese día, Hunter Biden compró una pistola, una Colt Cobra de calibre 38, y mintió al vendedor al entregarle un certificado que estipulaba que no era consumidor ilícito ni adicto a estimulantes, estupefacientes u otras sustancias controladas.

“Sabía que esa declaración era falsa y ficticia”, apunta el documento, que también reprocha al hijo del mandatario que mintiera sobre sus adicciones en la información que debía quedar registrada en la licencia federal de armas de fuego (FFL, por sus siglas en inglés).

Con un tercer cargo, se acusa también a Hunter Biden de poseer un arma de fuego sabiendo que era ilegal por sus adicciones.

Específicamente, en el certificado que Hunter Biden y otros compradores de armas tienen que rellenar se pregunta al comprador si es “usuario ilegal de, o adicto a la marihuana o cualquier depresivo, estimulante, narcótico o cualquier otra sustancia controlada”.

Se advierte también de que “el uso o posesión de marihuana sigue siendo ilegal bajo la ley federal, independientemente de si se ha legalizado o despenalizado con fines médicos o de recreo en el estado” en el que esa persona resida.

Ese registro de transacción deja claro que la información proporcionada se utilizará para determinar si la ley Federal o Estatal prohíbe a esa persona recibir un arma de fuego, o si le veta su venta o disposición.

Ciertas violaciones a la Ley de Control de Armas se castigan con hasta 15 años de prisión y/o una multa de hasta 250.000 dólares.

La imputación del gran jurado del distrito de Delaware, firmada por Weiss, no menciona el otro delito por el que también estaba investigado, la declaración irregular de impuestos.

En la vista celebrada el 27 de julio estaba previsto que Hunter Biden se declarara culpable tras llegar a un acuerdo con los fiscales federales, pero el trato acabó desmoronándose después de que la jueza que debe dictar sentencia, Maryellen Noreika, nominada por el expresidente Donald Trump (2017-2021), expresara dudas sobre el mismo.

En virtud de ese acuerdo, el hijo del presidente, de 53 años, hubiera podido evitar una imputación formal bajo ciertas condiciones, pero tras una vista llena de interrupciones y cambios Hunter Biden decidió no rubricar el pacto y declararse no culpable.

Los republicanos, liderados por Trump, han utilizado la investigación contra Hunter Biden para sembrar dudas sobre sus negocios en el extranjero y para describir a la familia del mandatario como corrupta.

Las pesquisas contra Hunter Biden se abrieron en 2018 durante el mandato de Trump y los conservadores se han apoyado en ellas para atacar al presidente demócrata, al que acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar esta indagación hasta el final.

Este miércoles el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, ordenó abrir una investigación de juicio político contra el presidente acusándole precisamente de aprovechar sus vínculos políticos para intervenir en los negocios de su hijo y beneficiarse de ellos, acusaciones refutadas de forma reiterada por la Casa Blanca.

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Arévalo de León: “Estamos unidos en defensa de la democracia” en Guatemala

Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la … Leer más
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Arévalo de León: “Estamos unidos en defensa de la democracia” en Guatemala

Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la democracia”.

“Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, declaró Arévalo de León rodeado de unas 5.000 personas, frente a la Corte Suprema de Justicia.

Arévalo de León, de 64 años, presentó un recurso ante el Supremo para revertir las acciones que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras y la cúpula de esta entidad, han emprendido contra el proceso electoral en el país centroamericano.

El presidente electo, que ganó el balotaje por la presidencia el pasado 20 de agosto, fue acompañado por el equipo jurídico de su partido, el Movimiento Semilla, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera.

En el recurso planteado por Arévalo de León se denuncia, además de a Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales y al juez penal Fredy Orellana, señalándolos de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.

Con esta acción, Arévalo de León pretende que los magistrados reviertan las acciones judiciales de la Fiscalía, incluido el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada y la destitución de Porras y los demás funcionarios implicados, en lo que él ha calificado como “un intento de golpe de Estado”, para evitar que tome el poder el próximo 14 de enero.

“En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo”, sentenció Arévalo de León.

Apoyado por pueblos indígenas

Mientras Arévalo de León entregaba el amparo en el Supremo, un grupo de autoridades indígenas de todas las regiones y pueblos mayas del país realizaron una ceremonia ancestral en la Plaza de los Derechos Humanos, en señal de respaldo a las autoridades electas.

Las autoridades indígenas, junto al cardenal Álvaro Ramazzini reconocieron al binomio electo y les recordaron que contarán con su apoyo durante “los meses de lucha por la democracia”.

En la mañana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió, desde Washington, a la fiscal Porras que deje de perseguir a Arévalo de León.

“Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”, manifestó frente al Consejo Permanente del organismo.

Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En medio de la polémica persecución penal, Arévalo de León y su equipo se encuentran realizando el protocolo de transición de mando con el actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien debe entregar el poder el próximo 14 de enero. 

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Un tribuna argentino falla en contra de Cristina Fernández en dos casos resonantes

Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral. La … Leer más
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Un tribuna argentino falla en contra de Cristina Fernández en dos casos resonantes

Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta dictado en noviembre de 2021 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 en la denominada causa Hotesur-Los Sauces.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Según el fallo al que tuvo acceso EFE, el máximo tribunal penal de Argentina ordenó que se cumpla con los procesos pendientes en esta causa, que estaba a punto de iniciar el juicio oral cuando Cristina Fernández, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, entre otros, fueron sobreseídos.

La cámara resolvió, sin embargo, rechazar el pedido de la Fiscalía para que fuera revocado el sobreseimiento de la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner.

En la denominada causa Hotesur-Los Sauces, que lleva el nombre de dos empresas relacionadas con la familia Kirchner, se investigaron supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero proveniente de la adjudicación de obras públicas.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en una imagen de archivo. EFE/ Prensa Cristina Fernández De Kirchner

Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero fue luego sobreseída en noviembre de 2021, antes del inicio del juicio oral.

La Cámara Federal de Casación Penal decidió además este lunes apartar a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes en 2021 habían votado a favor del sobreseimiento de la vicepresidenta.

Memorando con Irán

En otro fallo también adverso para la expresidenta, el mismo tribunal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa por la que era investigada por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.

Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado en 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y por el que están acusados varios iraníes, pero la Justicia investigó si, en realidad, se había tratado de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.

La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Fernández, junto a otros funcionarios de su Gobierno, fue procesada en esta causa por el presunto delito de encubrimiento y sobreseída en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal 8, antes del inicio del juicio oral, que ahora la Cámara de Casación Penal ordena que se lleve adelante.

El tribunal también decidió apartar del caso a los jueces del tribunal oral Daniel Horacio Obligado, José Antonio Michilini y Gabriela López Iniguez del trámite de este proceso.

Fernández, de 70 años y cuyo mandato como vicepresidenta concluye el próximo 10 de diciembre, fue condenada en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un juicio oral por administración fraudulenta y cuya sentencia fue apelada.

La vicepresidenta, quien sufrió un intento de asesinato en septiembre de 2022, durante la instancia final de aquel juicio oral, ha sostenido varias veces que es víctima de “lawfare” (hostigamiento judicial).

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Trudeau implica a las autoridades indias en un asesinato cometido en Canadá

Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij. “Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra … Leer más
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Trudeau implica a las autoridades indias en un asesinato cometido en Canadá

Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij.

“Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra soberanía”, dijo en la Cámara Baja del Parlamento canadiense.

El primer ministro añadió que Canadá “ha transmitido sus profundas preocupaciones a los más altos funcionarios de seguridad y del Gobierno indio” por el asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ocurrido en junio pasado en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una fotografía de archivo. EFE/ Mariscal

Singh Nijjar, tiroteado por desconocidos en el aparcamiento de un templo sij, había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias por abogar por la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.

Trudeau informó este lunes a los principales líderes políticos del país de las conclusiones de los servicio de inteligencia canadienses sobre la implicación de India en el asesinato y afirmó que durante la cumbre del G20, celebrada en la india el 9 y 10 de septiembre, exigió explicaciones a su homólogo indio, Narendra Modi.

“De la manera más enérgica posible, recomiendo al Gobierno de la India que colabore con Canadá para llegar al fondo de este asunto”, dijo el mandatario, que calificó de “extremadamente grave” lo sucedido.

El pasado 1 de septiembre, el Gobierno canadiense anunció la suspensión de las conversaciones con la India para la firma de un acuerdo de libre comercio, sin explicar las razones. Canadá también ha cancelado una misión comercial a la India que debería haberse efectuado en octubre.

En Canadá viven alrededor de 1,8 millones de personas de origen indio, de las que unas 770.000 son sij. El líder del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, el cuarto partido del Parlamento canadiense, es sij.

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