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Una llamada, 13 cargos y 18 aliados: las claves de la imputación de Trump en Georgia
Washington (EFE).- Una llamada propició la investigación por la que el expresidente estadounidense Donald Trump fue imputado en Georgia. La cuarta acusación penal de su trayectoria, por la que este jueves comparecerá para que lo fichen, lo equipara al capo de una mafia creada para revertir los resultados de las elecciones de 2020. En esa … Leer más
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Washington (EFE).- Una llamada propició la investigación por la que el expresidente estadounidense Donald Trump fue imputado en Georgia. La cuarta acusación penal de su trayectoria, por la que este jueves comparecerá para que lo fichen, lo equipara al capo de una mafia creada para revertir los resultados de las elecciones de 2020.
En esa conversación telefónica del 2 de enero de 2021 pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que le encontrara 11.780 votos. Uno más de los que había conseguido el demócrata Joe Biden.
Fue solo un ejemplo de las maniobras que Trump y las 18 personas acusadas junto a él llevaron a cabo en ese plan fallido para mantenerse en el poder, pese a que, según deja clara la imputación de la Fiscalía en su informe de 98 páginas, sabían que habían perdido esos comicios.
Estas son las claves del caso de Trump en Georgia:
– 13 cargos en su contra
El principal, el de violación de la ley estatal de asociación delictiva (RICO, por sus siglas en inglés), conocida por emplearse contra los integrantes de la mafia y utilizada para garantizar que los líderes de una asociación criminal, y no solo sus subordinados, rinden cuentas ante la Justicia.
Trump también está acusado de solicitar a un funcionario público que viole su juramento al cargo. De conspirar ilegalmente para que ciertas personas se presentaran falsamente como electores presidenciales con la intención de engañar al presidente del Senado estadounidense y al archivista, entre otros, durante la certificación de los votos.
Al expresidente se le reprocha además confabular para falsificar el certificado de los votos de 2020 en Georgia. Y la notificación de la ocupación de la vacante del colegio electoral en ese estado. Donde se afirmaba que dos de los acusados eran integrantes de ese colegio.
La Fiscalía ve probado igualmente que maniobró para hacer un uso deliberado de esos documentos falsos y que en diciembre de 2020 presentó una demanda contra los resultados allí a sabiendas de que contenía alegaciones falsas, como que votaron menores de edad, personas fallecidas o que no estaban registradas en ese estado.
Haber solicitado a Raffensperger que alterara el resultado de los comicios en Georgia y violara con ello su cargo es otro de los delitos imputados, así como haberle mentido a él o al subsecretario de Estado de Georgia, Jordan Fuchs, entre otros, al decirles por ejemplo que a miles de personas se les denegó el voto haciéndoles creer que ya se había emitido uno en su nombre.
– 18 aliados de Trump en Georgia
Trump está visto como el cabecilla de esa trama, pero no actuó solo, según la Fiscalía. Entre los otros acusados están dos de sus exabogados -John Eastman y el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani- y Mark Meadows, su antiguo jefe de gabinete en la Casa Blanca.
Dos de sus antiguos abogados de campaña (Jenna Ellis y Sidney Powell), la publicista Trevian Kutti, los falsos electores presidenciales Shawn Still y Cathy Latham, o Ray Smith, miembro de su equipo legal en Georgia, se suman a sus futuros compañeros de banquillo.
– 41 cargos en total y 161 actos delictivos
El número total de cargos contra los distintos acusados se eleva a 41. Y a 161 los presuntos actos que la Fiscalía les atribuye para intentar revertir, sin conseguirlo, la derrota electoral de Trump en 2020.
No todos se circunscriben a Georgia. “La organización operaba en otros estados, como Arizona, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania, Wisconsin y el Distrito de Columbia”, dice el escrito judicial. Que inicia su repaso el 4 de noviembre, un día después de los comicios, y lo finaliza el 15 de septiembre de 2022. Día en que a otro imputado, el abogado Robert Cheeley, se le acusa de haber cometido perjurio.
– Hasta 76,5 años de cárcel
De llegar a ser declarado culpable de todos los cargos, el expresidente republicano podría ser condenado a hasta 76,5 años de cárcel. Veinte de ellos por violación de la ley RICO, 10 por la presentación de documentos falsos o cinco por conspirar para presentarlos, entre otros.
– Un estado clave
Georgia fue en las presidenciales de 2020 el estado donde se registró la victoria más ajustada de Biden frente a Trump, de apenas dos décimas (49,5 %). El margen fue tan estrecho que se hizo un recuento manual completo para despejar las dudas sobre un posible fraude. Un procedimiento cuyo resultado siguió sin convencer al entonces presidente saliente.
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Arévalo de León: “Estamos unidos en defensa de la democracia” en Guatemala
Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la … Leer más
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Ciudad de Guatemala, (EFE).- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se detengan las acciones judiciales del Ministerio Público (Fiscalía) contra el proceso electoral y agradeció a los miles de ciudadanos que le acompañaron por unirse a “defender la democracia”.
“Nos hemos visto en la necesidad de plantear amparos contra estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, declaró Arévalo de León rodeado de unas 5.000 personas, frente a la Corte Suprema de Justicia.
Arévalo de León, de 64 años, presentó un recurso ante el Supremo para revertir las acciones que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras y la cúpula de esta entidad, han emprendido contra el proceso electoral en el país centroamericano.
El presidente electo, que ganó el balotaje por la presidencia el pasado 20 de agosto, fue acompañado por el equipo jurídico de su partido, el Movimiento Semilla, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera.
En el recurso planteado por Arévalo de León se denuncia, además de a Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales y al juez penal Fredy Orellana, señalándolos de una “indebida y arbitraria interferencia al proceso electoral”.
Con esta acción, Arévalo de León pretende que los magistrados reviertan las acciones judiciales de la Fiscalía, incluido el allanamiento contra una sede del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada y la destitución de Porras y los demás funcionarios implicados, en lo que él ha calificado como “un intento de golpe de Estado”, para evitar que tome el poder el próximo 14 de enero.
“En un Estado democrático cuando la ciudadanía habla en las urnas y da un mensaje contundente las instituciones tienen que acatar este mandato, el único soberano es el pueblo”, sentenció Arévalo de León.
Apoyado por pueblos indígenas
Mientras Arévalo de León entregaba el amparo en el Supremo, un grupo de autoridades indígenas de todas las regiones y pueblos mayas del país realizaron una ceremonia ancestral en la Plaza de los Derechos Humanos, en señal de respaldo a las autoridades electas.
Las autoridades indígenas, junto al cardenal Álvaro Ramazzini reconocieron al binomio electo y les recordaron que contarán con su apoyo durante “los meses de lucha por la democracia”.
En la mañana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió, desde Washington, a la fiscal Porras que deje de perseguir a Arévalo de León.
“Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”, manifestó frente al Consejo Permanente del organismo.
Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En medio de la polémica persecución penal, Arévalo de León y su equipo se encuentran realizando el protocolo de transición de mando con el actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien debe entregar el poder el próximo 14 de enero.
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Un tribuna argentino falla en contra de Cristina Fernández en dos casos resonantes
Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral. La … Leer más
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Buenos Aires (EFE).- Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos causas resonantes, una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta dictado en noviembre de 2021 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 en la denominada causa Hotesur-Los Sauces.
Según el fallo al que tuvo acceso EFE, el máximo tribunal penal de Argentina ordenó que se cumpla con los procesos pendientes en esta causa, que estaba a punto de iniciar el juicio oral cuando Cristina Fernández, su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, entre otros, fueron sobreseídos.
La cámara resolvió, sin embargo, rechazar el pedido de la Fiscalía para que fuera revocado el sobreseimiento de la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner.
En la denominada causa Hotesur-Los Sauces, que lleva el nombre de dos empresas relacionadas con la familia Kirchner, se investigaron supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero proveniente de la adjudicación de obras públicas.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en una imagen de archivo. EFE/ Prensa Cristina Fernández De Kirchner
Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero fue luego sobreseída en noviembre de 2021, antes del inicio del juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal decidió además este lunes apartar a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes en 2021 habían votado a favor del sobreseimiento de la vicepresidenta.
Memorando con Irán
En otro fallo también adverso para la expresidenta, el mismo tribunal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa por la que era investigada por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.
Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado en 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y por el que están acusados varios iraníes, pero la Justicia investigó si, en realidad, se había tratado de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.
La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza.
Fernández, junto a otros funcionarios de su Gobierno, fue procesada en esta causa por el presunto delito de encubrimiento y sobreseída en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal 8, antes del inicio del juicio oral, que ahora la Cámara de Casación Penal ordena que se lleve adelante.
El tribunal también decidió apartar del caso a los jueces del tribunal oral Daniel Horacio Obligado, José Antonio Michilini y Gabriela López Iniguez del trámite de este proceso.
Fernández, de 70 años y cuyo mandato como vicepresidenta concluye el próximo 10 de diciembre, fue condenada en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un juicio oral por administración fraudulenta y cuya sentencia fue apelada.
La vicepresidenta, quien sufrió un intento de asesinato en septiembre de 2022, durante la instancia final de aquel juicio oral, ha sostenido varias veces que es víctima de “lawfare” (hostigamiento judicial).
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Trudeau implica a las autoridades indias en un asesinato cometido en Canadá
Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij. “Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra … Leer más
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Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que los servicios de inteligencia del país implican a las autoridades indias en el asesinato en Canadá de un líder de la comunidad sij.
“Cualquier implicación de un gobierno extranjero en el asesinato de un canadiense en suelo canadiense es una inaceptable violación de nuestra soberanía”, dijo en la Cámara Baja del Parlamento canadiense.
El primer ministro añadió que Canadá “ha transmitido sus profundas preocupaciones a los más altos funcionarios de seguridad y del Gobierno indio” por el asesinato de Hardeep Singh Nijjar, ocurrido en junio pasado en la localidad de Surrey, en el oeste de Canadá.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una fotografía de archivo. EFE/ Mariscal
Singh Nijjar, tiroteado por desconocidos en el aparcamiento de un templo sij, había sido acusado de terrorismo por las autoridades indias por abogar por la creación en el estado de Punjab de un país independiente, Jalistán, para la minoría sij.
Trudeau informó este lunes a los principales líderes políticos del país de las conclusiones de los servicio de inteligencia canadienses sobre la implicación de India en el asesinato y afirmó que durante la cumbre del G20, celebrada en la india el 9 y 10 de septiembre, exigió explicaciones a su homólogo indio, Narendra Modi.
“De la manera más enérgica posible, recomiendo al Gobierno de la India que colabore con Canadá para llegar al fondo de este asunto”, dijo el mandatario, que calificó de “extremadamente grave” lo sucedido.
El pasado 1 de septiembre, el Gobierno canadiense anunció la suspensión de las conversaciones con la India para la firma de un acuerdo de libre comercio, sin explicar las razones. Canadá también ha cancelado una misión comercial a la India que debería haberse efectuado en octubre.
En Canadá viven alrededor de 1,8 millones de personas de origen indio, de las que unas 770.000 son sij. El líder del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, el cuarto partido del Parlamento canadiense, es sij.
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